Por su parte, el Pleno no presencial, que se celebró el 6 de mayo, dictó 19 resoluciones en forma de providencia, destacando las admisiones a trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Grupos Parlamentarios VOX y PP contra el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19; así como el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
El Pleno del 16 de junio resolvió 22 asuntos entre providencias (9), autos (12) y sentencias (1).
En este punto el Tribunal dictó una importante sentencia por unanimidad que estimaba en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley del Código Tributario de Cataluña, así como los autos también dictados por unanimidad que denegaron la petición de suspensión de pena de los condenados por el procés y los que resolvieron la recusación planteada contra todos los magistrados del Tribunal por Carme Forcadell, Oriol Junqueras y Raúl Romeva.
Estos datos ponen de manifiesto que el Tribunal Constitucional, presidido por Juan José González Rivas, ha resuelto más asuntos de los ingresados durante el estado de alarma. Algunos de ellos han tenido acceso en el Tribunal durante este periodo.
Asimismo, durante este periodo se han tramitado más de 2.500 informes, elaborados por los letrados, sobre asuntos jurisdiccionales de los que conoce el Tribunal y que están en proceso de estudio por parte de los magistrados.
Con todo, el Pleno del Tribunal aprobó un acuerdo el 14 de marzo en el que se indicaba que se podían seguir presentando recursos de amparo y escritos en el Registro por vía telemática y que el Tribunal seguía en activo, ya que podía dictar resoluciones o medidas cautelares que fueran necesarias, en aquellos procesos que lo requiriesen en garantía del sistema constitucional y de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
