El Ministerio de Fomento aprobará la reforma de la estiba sin el posible consenso del sector dado que mantiene su intención de llevar la propuesta al Consejo de Ministros del viernes 24 de febrero. Mientras, la patronal y los sindicatos de estibadores han suspendido hasta el martes 28 de febrero, las negociaciones que mantienen sobre dicha reestructuración del gremio,
Después de dos encuentros con el mediador designado por el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, la situación es calificada como de bloqueo absoluto por parte de Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores. Para Goya la convocatoria de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo "es la única forma que tenemos de defendernos y manifestar nuestro rechazo al Real Decreto Ley de Fomento para abordar la reforma",
Como informábamos esta semana, el Real Decreto Ley supone la liberación de la estiba y reflejará lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 11 de diciembre de 2014. En dicha sentencia se decía que España vulneraba el artículo 49 del Tratado "obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos a inscribirse en una Sagep y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la Sagep no sean idóneos o sean insuficientes".
La postura de la patronal y sindicatos de estibadores se resume en el rechazo de un decreto que a su criterio “puede desestabilizar el empleo del sector” para lo que solicitan al Gobierno un “compromiso de subrogación de los 6150 estibadores que actualmente se encargan de la carga y descarga de mercancía en los puertos”.
Además de la convocatoria de paros y la redacción del nuevo decreto adaptado tanto a la UE como a las reivindicaciones de los estibadores, sindicatos y patronal esperan que los grupos parlamentarios en el Congreso rechacen la propuesta del Gobierno que deberá contar con la validación de la Cámara Alta. Los estibadores esperan que los grupos parlamentarios propongan una enmienda acorde a sus criterios o faciliten un acuerdo para la negociación.
Fomento pretende reformar el sector de la estiba para adecuarla a la normativa europea y evitar una sanción que, según el Ministerio, el Tribunal de Justicia de la UE está a punto de fallar contra España.
Para ello, con su Real Decreto Ley articula un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios (sagep), firmas que actualmente monopolizan el sector con el control total sobre la contratación.
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