Estos encuentros responden a la necesidad de formación continua de los profesionales de la Abogacía y de coordinación entre todos los agentes que atienden a las víctimas de la violencia.
Este IV Encuentro se ha estructurado en cuatro ponencias y tres mesas de debate que abordarán tanto las novedades legislativas como otros asuntos que los profesionales de la Abogacía encuentran en su trabajo diario. La fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, abrirá el Encuentro con la ponencia "Aplicación y eficacia práctica del Estatuto de la Víctima"; el magistrado del Supremo Joaquín Giménez analizará la evolución jurisprudencial y las reformas recientes y pendientes en Violencia de Género; la fiscal adscrita a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, tratará en su ponencia sobre la aplicación y eficacia de los nuevos tipos penales y su prueba; y, finalmente, en la cuarta ponencia Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, abordará la violencia de género mediante instrumentos tecnológicos de información y comunicación.
En las mesas de debate, en las que participarán profesionales de distintos ámbitos, se tratará la coordinación en la protección de la víctima; los menores víctimas de violencia de género y las cuestiones civiles en los juzgados de violencia sobre la mujer.
"El IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género se configura como una cita ineludible para todos los profesionales del Derecho relacionados con esta materia en la que, durante dos intensas jornadas, se analizará la actualidad legislativa y jurisprudencial en el ámbito de la violencia de género y se abordarán los temas de actualidad a través de ponencias y actividades con los mayores expertos del país", ha explicado el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres.
Por su parte, Filomena Peláez, presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, asegura que "nuestro compromiso, no solo profesional sino también personal, en la erradicación de esta terrible realidad, reflejo de una sociedad desigual, nos exige una formación permanente a la vez que una coordinación fluida con todos los operadores que intervienen con las víctimas, tanto del ámbito de la justicia como el sanitario o de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
