Necesidad de alcanzar un amplio consenso para cambiar la Constitución
Carlos Lesmes, entrevista hoy en la Cadena SER, ha señalado que actualmente no se quiere cambiar la Constitución si no hay un consenso para el cambio. La actual de 1978 alcanzó un alto grado de consenso que ha permitido la convivencia entre los españoles. En este sentido, actualmente no hay ese nivel de consenso, lo que impide iniciar los mecanismos de reforma previstos en el propio texto constitucional.
Respeto a la independencia de los jueces
Igualmente ha pedido que se deje trabajar a la juez que instruye la causa contra los agresores de dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) y ha avisado de que «descalificar» el trabajo de un juez desde esferas de «relevancia política» es presionarle.
El presidente del CGPJ ha replicado que a los políticos «muchas veces se les llena la boca hablando de independencia judicial», pero que ésta consiste, precisamente, "en no presionar a los jueces y muy especialmente desde las esferas de responsabilidad política».
En su opinión, está claro que las decisiones judiciales pueden criticarse, porque son decisiones de un poder público, pero «las descalificaciones no son buenas y afectan a la propia independencia del juez».
Es más, cree que un juez «se puede ver perturbado en su toma de decisiones si desde esferas de decisión política de una cierta relevancia se descalifica su trabajo».
La corrupción en nuestro país
Cuando se le pregunta por el nivel de corrupción en España, Lesmes ha respondido que se trata de un mal endémico en distintas sociedades. «Ningún país está a salvo, vemos el ejemplo de Francia». Así apuesta por intentar minimizar este fenómeno, primero con medidas de prevención, incrementar la transparencia y la eficacia de la respuesta penal. «Nos falta una buena ley de enjuiciamiento criminal, porque la que tenemos es del S. XIX y muestra carencias. Pero nuestro país ha ganado en eficacia en la lucha contra la corrupción», ha puntualizado.
Libertad de expresión y delitos de odio
Por otro lado, preguntado por el aumento de juicios contra tuiteros por chistes y comentarios vertidos en redes sociales, ha opinado que «en absoluto hay una regresión de la libertad de expresión en España, sino que ésta está en niveles máximos».
A su modo de ver, algunos casos se basan en que hay que velar para evitar las manifestaciones de odio porque eso "conlleva un riesgo evidente para la convivencia" y debe tener respuesta penal. «La libertad de expresión no ampara el odio en las redes sociales y manifestar indiferencia ante este tipo de comportamientos no me parece bien, porque degrada la convivencia y puede llevar a situaciones de violencia», ha remachado.
