Catalá, que ha destacado la grave amenaza tanto a escala social como económica que la criminalidad internacional organizada supone para la seguridad mundial, ha resaltado la necesidad de aumentar y aunar todos los esfuerzos para prevenir, contener y combatir este fenómeno que recurre a métodos muy sofisticados aprovechándose de la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información.
Para el ministro de Justicia esta cuestión presenta tres retos urgentes como son la lucha contra el terrorismo y la radicalización, contra la delincuencia organizada y contra la ciberdelincuencia. Para ello, es preciso atender a la presencia del terrorismo en el ciberespacio, puesto que se ha convertido en el medio favorito para el desarrollo de las actividades delictivas mediante el abuso de plataformas y aplicaciones informáticas.
Frente a esto y como medio de garantizar una adecuada respuesta penal, Catalá se ha referido a la necesidad de reforzar las herramientas procesales de los Estados en cuestiones como la obtención de la prueba en formato electrónico en la que España ha adoptado una actitud muy proactiva según el titular de Justicia. El ministro ha resaltado el apoyo que España ha prestado a los trabajos del Consejo de Europa para la elaboración del Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia que permitirá un aumento de la cooperación frente al ciberterrorismo y otros delitos transfronterizos.
Además, Catalá ha destacado la posición de vanguardia que España ha alcanzado en la lucha contra el discurso del odio. En este ámbito, se ha referido al terrorismo yihadista como la amenaza más grave a la que se enfrentan actualmente las sociedades democráticas de todo el mundo, una lacra que debe ser combatida mediante todos los instrumentos legales disponibles en un Estado de derecho.
El titular de Justicia se ha referido a las últimas novedades incluidas en el Código Penal español, como el endurecimiento de las penas que pueden llegar a la prisión permanente revisable en casos de muerte o la introducción de agravantes específicos, como en el delito de captación o adiestramiento de personas en situación de vulnerabilidad y en el supuesto de enaltecimiento o justificación públicos de terrorismo y humillación a las víctimas cuando se usan las tecnologías de la información y la comunicación. Se contempla, además, la retirada de esos contenidos ilícitos para evitar su difusión.
Igualmente, el ministro ha destacado la inhabilitación absoluta de los condenados por estos delitos, la desvinculación del concepto de terrorista de la necesaria integración en una organización (lobos solitarios), la introducción de nuevas figuras delictivas vinculadas a la publicidad y propaganda a través de medios electrónicos, la consideración del delito de autoadiestramiento y la inclusión del delito de viaje al extranjero con el fin de obtener entrenamiento y perpetrar atentados en el retorno a otros países.
