El Grupo nace con el objetivo de impulsar los conocimientos técnico-jurídicos del colectivo en este ámbito; estudiar los problemas profesionales específicos de los letrados; promover soluciones en la protección de estos derechos; estrechar las relaciones institucionales con otras organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que tengan objetivos similares; y fomentar la intervención de la agrupación en la elaboración de normativa y demás aspectos que afecten a la protección de los Derechos Humanos en la provincia.
“Consideramos que se trata de una materia interesante que faltaba por cubrir en el Colegio y, por ello, decidimos promover una candidatura”, explica Ramón Ángel Soriano, presidente del nuevo Grupo Especializado de Derechos Humanos. Junto a él, la Junta Directiva de la agrupación está compuesta por los letrados África Mª Morata, como vicepresidenta; Salvador Soler, como secretario; Carlos Miguel Romero, como tesorero-bibliotecario; y Francisca Sánchez, Felipe Villa, Emilia Quesada, Luis Alfonso Martín e Inmaculada Rodríguez, como vocales.
Comienza así su andadura el nuevo grupo especializado, que se suma a la veintena de formaciones con las que cuenta el Colegio de Abogados de Granada, enfocado en este caso en dar a conocer a los operadores jurídicos la normativa y mecanismos que existen para la protección de Derechos Humanos como la tutela judicial efectiva, el derecho a la vivienda o, incluso el derecho a la propiedad. “Damos por hecho que el Estado va a resolver bien todo lo relativo a los Derechos Fundamentales y Humanos, pero para hacer valer esos derechos en instancias internacionales tienen que ser invocados previamente en instancias nacionales; esto es lo que va a servir el día de mañana para plantear, por ejemplo, un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tenga visos de viabilidad en caso de que el Estado no satisfaga las pretensiones del cliente”, explica Soriano.
De hecho, según el presidente del nuevo grupo, de los alrededor de 50.000 recursos que se presentaron el año pasado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo se admitieron a trámite el 2% y se registraron únicamente 5 condenas al Estado español por violación de Derechos Fundamentales. “Supongo que el Estado habrá cometido más violaciones, pero estos datos se deben a la falta de formación en la base sobre cómo aludir desde el inicio de un procedimiento a los convenios internacionales de Derechos Humanos”, añade Soriano, quien también señala como misión del grupo el fomento a largo plazo de la creación de un Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita para acudir a esta vía.
Por ello, el Grupo Especializado de Derechos Humanos ya está preparando sus primeras actividades formativas con contenidos eminentemente prácticos sobre el funcionamiento de esta rama jurídica y las herramientas existentes –como el programa Help de la Unión Europa-, en las que esperan contar con expertos en la materia, como profesores de la Universidad o letrados que hayan ganado alguno de esos cinco casos al Estado.
