La secretaria de Estado ha destacado las leyes que se han impulsado en estos años, como han sido la reforma del Código Penal que ha mejorado la respuesta penal a la violencia contra las mujeres para lo que se ha incluido el género como motivo de discriminación en el catálogo de circunstancias agravantes, se han creado nuevos tipos delictivos como el matrimonio forzado y el acecho u hostigamiento y se ha tipificado la divulgación no autorizada de imágenes íntimas de la persona.
Asimismo, la Ley reguladora del Estatuto de la Víctima del Delito amplía los derechos de las víctimas, obliga a una asistencia personalizada, intenta evitar una segunda victimización y consagra el principio de humanidad hacia la víctima. En esa misma línea, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el citado Estatuto y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
La Ley Orgánica del Poder Judicial amplía las competencias de los juzgados especializados en materia de violencia de género extendiéndolas a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer, lo que permite una mejor protección a la mujer al contemplar esta realidad en su conjunto.
La ecretaria de Estado ha resaltado también el esfuerzo que se ha hecho en materia de asistencia jurídica gratuita, que ha permitido incluir a las víctimas de violencia de género, junto a otros colectivos especialmente vulnerables, como beneficiarias sin tener que acreditar insuficiencia de recursos para litigar.
Además, se ha reconocido por primera vez a los menores como víctimas de la violencia de género y se han aprobado dos leyes, una de ellas orgánica, que refuerzan el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
A las reformas legislativas hay que sumar, tal y como ha destacado la secretaria de Estado de Justicia, la mejora en la dotación de medios humanos y materiales, de manera que ha vuelto a incrementarse la partida destinada a violencia de género de los Presupuestos Generales del Estado para este año. La cuantía para asistencia jurídica gratuita ha aumentado un 5% y la de asistencia psicológica cerca del 55%.
