El Colegio de Abogados de Málaga ha denunciado que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha realizado una propuesta de orden en la que se prevé una reducción de hasta el 55% en las cantidades que perciben los letrados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
El decano, Francisco Javier Lara, que ha comparecido en rueda de prensa junto al diputado responsable del Turno de Oficio, Guillermo Jiménez, y el resto de la Junta de Gobierno del Colegio, ha explicado que con esta nueva bajada los abogados andaluces empeorarían "aún más" sus condiciones de trabajo y pasarían a cobrar entre un 23 y un 74% menos que los de Galicia, Cataluña o País Vasco –las otras comunidades autónomas históricas– por realizar el mismo trabajo.
"La propuesta de la Junta de Andalucía es irrisoria, lamentable e intolerable", ha asegurado Lara, quien ha animado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) a sumarse a las reivindicaciones del Colegio malagueño.
El decano ha incidido en la importancia social del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, que cumple un papel de protección de los más desfavorecidos reconocido en la Constitución Española y se ocupa de asuntos tan delicados como la asistencia a personas con escasos recursos, violencia de género, o menores.
"Ha quedado claro, como recientemente ha ratificado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que los abogados de oficio no trabajan por dinero, pero socavar de esta manera sus condiciones laborales es un ataque directo a su función social, es un ataque no sólo a los abogados, sino también a los ciudadanos más desfavorecidos", ha indicado.
El baremo de retribución que está vigente hoy día se publicó en septiembre de 2012 y ya establecía una bajada lineal del 10% respecto al anterior, de abril de 2009. El pasado 29 de octubre de 2015, el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley que instaba a la Junta de Andalucía a restituir ese 10%, mandato al que el Gobierno andaluz pretende dar la espalda con el borrador del 26 de marzo de 2016 que establece reducciones en las asignaciones de hasta un 55%.
Diferencias por comunidades
Los nuevos módulos de compensación económica que plantea el Gobierno andaluz no sólo suponen una disminución de las cantidades que actualmente perciben los letrados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, sino que supone un agravio respecto a los abogados que ejercen en otras comunidades.
En este sentido, por ejemplo, la Junta propone abonar 50 euros por un recurso de apelación contra un auto de prisión, frente a los 111 euros que abonaba desde 2012 o los 124 euros que aprobó en 2009. Por este mismo trabajo, los abogados del País Vasco perciben 191 euros (un 382% más), los de Galicia 157 euros y los de Cataluña, 142 euros.
La media de lo que perciben los letrados de las tres mencionadas comunidades autónomas por este recurso es de 165 euros, mientras que la Junta de Andalucía propone 50 euros.
Situaciones similares ocurren en otros conceptos, como los procedimientos sumarios con sentencia absolutoria, los juicios rápidos con sentencia absolutoria, los juicios ordinarios civiles con sentencia absolutoria o los juicios ordinarios posteriores con condena y ejecución de condena. Además, no está prevista retribución alguna en el caso de los juicios rápidos con conformidad.
Finalmente, el decano ha apuntado que el Colegio de Abogados de Málaga es una corporación "constructiva", que trabaja para mejorar la Administracion de Justicia y el servicio que se ofrece a los colegiados y a los ciudadanos, por lo que ha elaborado una detallada propuesta de modificación de los módulos de compensación económica que plantea la Junta de Andalucía con el objetivo de que se tengan en cuenta sus demandas –documento que ha presentado en el registro del Gobierno andaluz-. "Estamos aquí para debatir, para negociar, pero bajo la premisa de que el Gobierno andaluz debe mostrar respeto por la labor que realizan los abogados de oficio", ha concluido.
