Según informa Europa Press, en una propuesta remitida al Gobierno, varias entidades especializadas en infancia han comenzado a dar forma a la reivindicación de una Ley Integral de violencia contra los niños y adolescentes con una propuesta remitida al Gobierno en la que instan, entre otras medidas, la creación de una red de juzgados especializados que, al estilo de los que ya funcionan para violencia de género, entiendan de todos aquellos casos en los que un menor de edad sea víctima directa.
Se trata de una iniciativa liderada por Save The Children en colaboración con la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas. Llevan tiempo trabajando un texto que tras someterse a consideración y aportaciones de otras organizaciones especializadas en infancia que operan en España, llega ahora al Gobierno en forma de borrador preeliminar para un proyecto de Ley Orgánica Integral de medidas frente a la violencia contra la infancia.
Sanidad, responsable en la materia, tiene el mandato del Congreso de promover esta medida antes del próximo año, pues así lo aprobaron por mayoría absoluta los grupos parlamentarios en septiembre en la Cámara Baja. Para ello, la Dirección General de Infancia ha organizado la creación de un grupo de trabajo que se espera comience a reunirse en próximas fechas y que habrá de pulir la propuesta de máximos de las ONG, según las fuentes consultadas.
Los juzgados especializados son una de las medidas más difíciles de implantar, conforme explican en Save the Children y UNICEF, otra de las organizaciones involucradas en ese borrador que es un punto de partida. Para empezar, habría que delimitar sus funciones para diferenciarlas de la jurisdicción de menores que ya existe y en la que se llevan los casos en los que niños y adolescentes son acusados de delitos o de faltas.
EQUIPOS QUE SEPAN ESCUCHAR AL NIÑO
Requerirá por tanto, además de un esfuerzo jurídico importante para su concepción, un considerable despliegue económico, pues el objetivo es que todos los niños en España que sufren algún tipo de violencia puedan ser vistos en estos tribunales, tal y como proponen las ONG.
Además, estos espacios habrían de diseñarse adaptados a las distintas edades y contar con personal altamente cualificado, tanto jueces como fiscales, letrados y equipos psicosociales, capaces, por ejemplo, de recabar, comprender e interpretar correctamente los testimonios de los menores sin volver a victimizarles.
"Se trata de crear una jurisdicción específica y habrá que decidir si también abarca los asuntos de infancia a nivel penal o solamente a nivel de protección, explica la especialista en derechos de Infancia en Unicef, Almudena Olaguibel. "La función sería parecida a la que tienen los juzgados de violencia de género: Que cualquier delito que tenga que ver con ese caso se vea en un sólo juzgado para evitar la dispersión", añade.
No es la única medida que plantean las organizaciones de infancia. La iniciativa prevé dar además un mayor calado al deber de denuncia en los casos de violencia sobre los menores que ya existe para otros supuestos, como el abuso sexual. El objetivo es que todos los ciudadanos estén obligados por ley a poner en conocimiento de las autoridades todo caso de violencia sobre la infancia del que tengan conocimiento, aunque sólo sea una sospecha, para mejorar la protección.
El resultado deberá incorporarse en un registro unificado más eficaz que el existente (RUMI) donde se vuelquen todas las actuaciones tanto del ámbito penal como de protección que tengan que ver con niños y adolescentes y no sólo, como ocurre ahora, las relacionadas con malos tratos en el entorno familiar.
Esta habría de ser una herramienta de coordinación que impidiese situaciones como la que se dio en Valladolid el pasado verano, cuando una niña de 4 años falleció 22 días después de que su pediatra comunicase una sospecha de maltrato al descubrirle hematomas y cuya madre había sido visitada en una ocasión por los servicios sociales sin que nadie pudiera finalmente evitar el desenlace.
POTENCIAR LA DECLARACIÓN DE RIESGO
Además de unificar recursos y respuestas a la violencia sobre los menores potenciando, por ejemplo, la figura de la declaración de riesgo, que activa los mecanismos de protección de los servicios sociales y la intervención directa con las familias, la ley deberá tener un efecto importante de concienciación social sobre la realidad de la violencia contra la infancia en España porque dicen las ONG "que hace falta una toma de conciencia como la que se ha experimentado con la violencia de género".
"El Comité de Derechos del Niño nos dijo en 2010 que con la Ley Integral de Violencia de Género se había conseguido un paso importante y que debía tomarse como ejemplo en la lucha contra la violencia en la infancia. Se ha generado tal rechazo social que es imposible ver a un hombre pegando a una mujer en la calle sin que alguien reaccione. Sin embargo, los niños permanecen en la esfera privada y es necesario que cambiemos la mentalidad", dice la analista jurídica de Save The Children Catalina Perazzo.
Se refiere a un "cambio cultural" por el que un adulto se atreva a interponerse y reprochar la conducta cuando otro adulto trata con violencia a un niño, pero también a que las administraciones sean capaces de ofrecer apoyo a esas personas que quizá carezcan de las herramientas necesarias para ejercer una parentalidad positiva. "Tenemos que intentar, desde la comprensión de estas situaciones, dar otras opciones de resolución de conflictos que potencien el diálogo y la reflexión", comenta.
ES UNA REALIDAD OCULTA
La propuesta de las entidades contempla otras medidas, como mayores garantías para que los hijos de las víctimas mortales de violencia de género reciban pensiones de orfandad, formación de operadores jurídicos que intervienen en procesos que afectan a los niños, un mayor refuerzo de la escucha de los menores en los mismos y mecanismos de coordinación que garanticen el seguimiento de los casos y la intervención sobre las familias a lo largo del tiempo. "Hay muchos espacios en los que hace falta que la respuesta sea más contundente", señala Perazzo.
En lo que va de año, ocho niños y niñas han sido asesinados sólo en el marco de la violencia que un hombre ejercía contra sus madres, lo que no incluye, por ejemplo, el mencionado caso de Valladolid; pero la Ley que plantean las ONG abarca todos los tipos de violencia, como el maltrato a manos de familiares, el abuso sexual, el acoso en redes sociales o en el ámbito escolar.
"Esta es una realidad que está oculta en nuestro país y que sin embargo, es de gran gravedad. La respuesta que hay es fragmentada, necesitamos una respuesta integral y eso quiere decir medidas de prevención, sensibilización, detección, protección y restauración de derechos que tengan como centro al niño, es decir, no como en el derecho penal, que se encarga de un enfoque punitivo respecto del agresor y que es la última respuesta; y tampoco como en la Ley de Infancia, que lo que hace es centrarse en la protección una vez que el niño entra, en casos muy graves, en el sistema", explica la experta.
