El presente convenio viene a materializar la estrecha relación existente, desde hace más de un año, entre la Cátedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de dicha Universidad y Unión Profesional, organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas.
Para la consecución del objetivo previsto en el convenio, ambas entidades colaborarán a través de la organización de jornadas (coloquios, seminarios, debates...) sobre la deontología en el sector colegial; la publicación de artículos en los canales de comunicación de Unión Profesional (especialmente, en la revista Profesiones); el intercambio de conocimientos y/o expertos que puedan resultar de interés en los distintos actos organizados por ambas entidades (de forma independiente) y la elaboración de un estudio sobre deontología profesional, entre otras actuaciones.
En palabras del rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, «con la firma de este convenio ponemos al servicio de la sociedad la ciencia y el conocimiento de los profesores e investigadores de esta Universidad en un ámbito como el de la deontología y la ética profesionales, que es absolutamente clave para que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones y en los operadores jurídicos y económicos de toda índole». Asimismo, destacó que «la colaboración con Unión Profesional es garantía de éxito en los proyectos que surjan del desarrollo del convenio».
Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, se mostraba plenamente satisfecho por la firma de este convenio: «Siempre es una satisfacción para mi participar en la promoción de todo aquello que sirva para proteger los derechos de la ciudadanía y, en este caso, a través del fomento de la ética y la deontología profesional desde el ámbito universitario así lo estamos haciendo». Porque, como resalta, «no somos conscientes de que detrás del ejercicio de miles de profesionales que nos atienden día a día se encuentra la deontología profesional por la que velan los colegios profesionales ya que, gracias a ella, podemos promover la calidad de sus servicios y garantizar institucionalmente los derechos de pacientes y clientes y, por tanto, de la ciudadanía en general».
