Esta medida insta al Gobierno a no dar por extinguido el compromiso de reubicación alcanzado por España en el marco de los acuerdos de la Unión Europea y a utilizar todas las vías que las decisiones del Consejo de la UE abren para cumplir con estos compromisos en el plazo máximo de un año desde la fecha de aprobación de esta moción, según fuentes parlamentarias.
En esta línea, exigen que se acepte la propuesta de la Comisión Europea para reasentar a 50.000 personas desde la ruta del Mediterráneo Central, asumiendo la cuota que le corresponde a España en el marco de ese acuerdo sin perjuicio de los compromisos ya adquiridos.
Asimismo, la iniciativa busca impulsar en el seno de la Unión Europea la revisión de los criterios exigidos a las personas susceptibles de recibir protección internacional que se encuentran en Italia y Grecia para acceder al programa de reubicación de refugiados. Hace especial hincapié en lo referente a la tasa de protección internacional requerida para acceder al mismo, con el fin de facilitar la entrada a solicitantes de otras nacionalidades y aliviar la situación.
En esta línea, propone activar traslados mensuales desde Grecia o Italia y cumplir, así, con la petición de la Comisión Europea. Contempla incluso, si fuera necesario, contar con más expertos que ayuden a agilizar los trámites de solicitudes de asilo en estas naciones y dar prioridad a las solicitudes de personas vulnerables, especialmente de menores no acompañados.
Además, la moción solicita que se active la mesa de coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias a fin de avanzar en un sistema de asilo descentralizado y coordinado con entidades locales y ayuntamientos.
También persigue poner en marcha vías legales eficaces y seguras de acceso al derecho de asilo y la implementación de la concesión de visados humanitarios y de estudios, así como desarrollar reglamentariamente la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Para conseguirlo, sugiere regular el procedimiento para las solicitudes de protección internacional en Embajadas y Consulados y tomar medidas para garantizar el acceso bajo el respeto absoluto al principio de no discriminación.
La medida pide que se elimine la exigencia de cofinanciación, por parte de las ONG, de los programas presentados a la convocatoria de concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal.
Asimismo, exige que se amplíe el programa de reasentamiento a otros países y abrir el programa de reasentamiento con Jordania.
Por último, la iniciativa demanda que se mejore las condiciones de acogida y se dote, si fuera necesario, de más recursos humanos y presupuestarios a la Oficina de Asilo y Refugio. Para ello, defiende la necesidad de adaptar los criterios de admisión y concesión a las distintas recomendaciones tendentes a garantizar la igualdad de acceso al procedimiento.
