Es la conclusión que han alcanzado, entre otros expertos, la directora General de Servicios a la Infancia y la Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Blanca Hernández; y la responsable de Relaciones Institucionales de Save The Children; Almudena Escorial, que han compartido mesa redonda sobre avances y retos en la protección de la infancia durante el congreso 'Sin Cicatrices' promovido por la ONG y la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE en Madrid.
Según ha explicado Adroher, "no se puede hacer todo a la vez" y por eso, si bien España ya tenía la recomendación del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño de elaborar una norma específica e integral contra la violencia sobre los niños, durante la pasada Legislatura se optó por empezar la casa desde los cimientos, organizando, reforzando y ampliando el corpus normativo existente, lo que dio lugar a las leyes de Protección de la Infancia, una orgánica y otra ordinaria.
Conforme ha recordado, esa normativa era necesaria porque se necesitaba concretar algunos aspectos demasiado indefinidos de la regulación entonces en vigor, así como ampliar la regulación a campos que no la tenían, como los centros de menores, pero "una vez finalizada esa tarea, la asignatura pendiente es una Ley de violencia sobre la infancia".
Para Blanca Hernández, un modelo positivo a imitar en este campo es la Ley Integral de Violencia de Género, cuyo "gran valor", a su juicio, es que "ha conseguido hacer pedagogía" y poner sobre la mesa una realidad, la del maltrato a las mujeres por el mero hecho de serlo, que permanecía oculta en España. En su opinión, construir un marco igual de potente para erradicar la violencia sobre la infancia es urgente y debe ser prioritario.
Recomienda "tener cuidado con la proliferación de órganos" al hilo de la elaboración de la ley, para no acabar construyendo un gigante burocrático, cuidar asimismo el lenguaje por el impacto que tendrá en la conciencia social del problema y sobre todo, incluir "un título específico que obligue a recoger estadísticas, estudios, informes, de una manera oficial y contundente". "Para ponerle suelo a este fenómeno, hay que saber el cuánto, el cómo y el dónde ocurre", ha señalado.
Hernández ha incidido en que la infancia es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, una cuestión "que se pesta a pacto y que no es controvertida". Considera así que un momento como este, en que los ciudadanos piden acuerdos, es "idóneo" para comenzar a trabajar "en una ley certera, con los menos errores posibles" y que involucre a todos los partidos, a todas las instituciones y a toda la sociedad. "No vamos a conseguir una ley perfecta, hay que conseguir la mejor ley posible", ha añadido.
"La sociedad tolera demasiado la violencia sobre los niños", ha añadido Almudena Escorial, para incidir en que "hay que dar una respuesta urgente y hay que hacerlo ya" pues conforme ha recordado, "la violencia contra la infancia es siempre prevenible y nunca justificable" y por eso la organización reclama contar para 2030 con un país libre de violencia sobre los niños y adolescentes.
La experta ha destacado que la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos y no se denuncian. "La violencia es un problema global de grandes proporciones que permanece oculto. Faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no salgan a la luz", ha sentenciado.
Pese a ello, en los registros del Ministerio del Interior constan 36.821 niños víctimas de delitos violentos en España en 2014, 3.732 de ellos en forma de delitos contra su libertad sexual y 246, víctimas de abusos a menores. Figuran asimismo en las bases de datos oficiales 637 niñas que en 2015 recibieron una orden de protección por culpa de su novio maltratador y 1.486 niños y niñas que la necesitaron frente a la violencia que recibían en su entorno familiar. "Son la punta del iceberg", ha señalado.
Ella ha puesto sobre la mesa algunos de los principales problemas que a juicio de Save The Children, tiene España en este ámbito, como que la legislación actual "no prohibe todas las formas de violencia", que "no se conoce la magnitud del problema por falta de un sistema de recogida de datos", que socialmente se aceptan "ciertas formas de violencia" como los castigos físicos o que los niños "no acceden a mecanismos de denuncia" porque ni son conocidos ni accesibles para ellos.
También ha incidido en la justicia y ha reclamado la especialización de todos los agentes involucrados en procesos donde haya menores de edad, porque cuando son ellos quienes han sufrido el delito, no son tratados de acuerdo a su edad, se les somete a interrogatorios y exploraciones repetidas en las que reviven la violencia sufrida. "Se les revictimiza", ha destacado.
La organización propone una estrategia integral contra la violencia que sufren los niños, que incluya la mencionada Ley de Medidas de Protección Integral "con dotación presupuestaria suficiente" y organismos específicos que se encarguen de la aplicación y el seguimiento de la norma, pues "debe haber alguien que empuje" para que la ley no se quede sólo en el papel.
