El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) Juan Carlos Estévez ha presentado el resultado de la encuesta de Sigma Dos sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y la Procura "su impacto en la Administración de la Justicia”.
Esta encuesta pone de manifiesto que el 70 por ciento, más de dos tercios de los profesionales de la justicia, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de Juzgados y funcionarios judiciales consideran que el Proyecto de Ley será perjudicial para el funcionamiento de la justicia.
El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tramita el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, no satisface a nadie dentro del sector judicial, según se deduce de la encuesta.
El 71,1% de los profesionales de la justicia consideran que los procuradores contribuyen a agilizar la Justicia. En este sentido, el trabajo de los procuradores es valorado positivamente por la gran mayoría de los profesionales de la justicia: Un 82,1 por ciento lo valora “bien” o “muy bien”, frente a un 23.1% que piensan que no ayudan a la agilización.
Incompatibilidad entre Procuradores y Abogados
Por otro lado, más de la mitad de los profesionales de la justicia se opone a que el trabajo de los procuradores pueda ser realizado indistintamente por un procurador o por un abogado; mientras que el 26,7 % de los entrevistados se manifiestan a favor de la compatibilidad del ejercicio.
Los funcionarios de justicia y los secretarios de juzgados creen por amplia mayoría que si, finalmente, los Colegios de Procuradores dejan de asumir los gastos de notificación a todas las partes intervinientes en el proceso, no solamente la Administración tendrá un mayor gasto, sino que también el ciudadano.
Actualmente, 80 millones de notificaciones se gestionan a través de los procuradores y sus Colegios, con una incidencia de problemas del 0,002%. De no poder hacerse las notificaciones al instante, tal y como vienen haciendo, actualmente, los procuradores, las dilaciones en los procesos podrían multiplicarse de manera exponencial, según confirma la encuesta de Sigma Dos.
El acceso a la Justicia será más cara
La liberalización de los precios también redundará en un encarecimiento de los procesos judiciales. Así lo cree el 73,7% de los profesionales de la justicia, frente al 18,% que opina lo contrario.
Al igual que tampoco cala entre los profesionales de la justicia, que un mayor incremento de la competencia signifique mayor rentabilidad y mejores servicios a la ciudadanía. Concretamente el 65,2% estima que esta liberalización “dificultará el control ético de la profesión y facilitará el intrusismo y la competencia desleal”.
Por último, una clara mayoría piensa de que llevarse a cabo el proyecto de Ley, la Administración de Justicia se hará menos eficiente. El 65.1% de los profesionales de la justicia piensa que esta situación si “afectará a la agilidad en la tramitación de los procedimientos”. La Ley de enjuiciamiento civil obliga al traslado de copias. Al haber muchos más abogados, 150.000 frente a los 10 mil, la Justicia se ralentizará.
