En concreto, en la conclusión número 34 los presidentes proponen la “equiparación económica de los honorarios de los profesionales cuando alcancen un acuerdo previo y/o presenten una demanda (acordar y litigar), tanto en el régimen de la asistencia jurídica gratuita como en los criterios orientativos que elaboren los colegios de la abogacía a los solos efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas”.
Además, en la conclusión número 33, los magistrados expresan su parecer recomendando el “desarrollo de incentivos fiscales por lograr un acuerdo negociado”.
En relación con la aplicación de los Medios Alternativos de Resolución de Controversias (MASC), los máximos responsables de los órganos con jurisdicción provincial opinan que “el intento de comunicación de buena fe de una parte a otra de la voluntad de negociar -con posibilidad de acceso íntegro al contenido de la solicitud o propuesta formulada- debe ser suficiente para tener por cumplido el requisito de procedibilidad”.
Y, sobre la confidencialidad de estas comunicaciones, consideran que tanto en “el proceso de negociación (como) de la documentación utilizada (art. 9 LO 1/2025) es compatible con la obligación de probar el contenido de la solicitud, propuesta inicial o invitación a negociar y la definición de su objeto, para acreditar ante el juez el inicio y el fracaso del intento de acuerdo”.
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