La proposición de ley ha superado el debate de totalidad, con lo que será remitida a la Comisión de Justicia para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios, según fuentes parlamentarias.
El grupo proponente justifica la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en que la prisión permanente revisable "persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de los sistemas democráticos maduros y asentados", y que conducen necesariamente a procurar la rehabilitación social del procesado.
Propone la supresión de esta pena por "responsabilidad para con el modelo garantista que antaño nos dimos; para asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo, de que hay otros Derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema".
La propuesta de reforma del Código Penal suprime la prisión permanente revisable por no hallarse justificada desde razones de política criminal y por considerarla inconstitucional por varios motivos: Atenta contra la dignidad de los seres humanos (art. 10 CE). Atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art. 15 CE). Vulnera el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
"Rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua. Vulnera el principio constitucional de legalidad establecido en el artículo 25.1 CE. Y, finalmente, existen posibilidades de error judicial que sería irreparable", insiste el grupo proponente en la exposición de motivos de esta iniciativa.
