La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que las pruebas de determinación de la edad por las que se estimó que el chico tenía ya 18 años --una radiografía de muñeca y otra de la boca-- fueron incompletas porque se omitió el reconocimiento físico y porque el forense no incluyó en su informe el margen de error que podría existir en sus cálculos.
La juez María Isabel Hernando recuerda en la sentencia que este tipo de análisis tienen un "alto margen de error", y antepone el interés superior del menor, que en este caso necesita estar bajo tutela pública al encontrarse en Cataluña sin compañía de su familia.
"No siendo posible un grado de certidumbre sobre la mayoría de edad de esta persona, ha de estimase que es menor de edad", argumenta oponiéndose a la resolución de la DGAIA de 17 de enero, que dejaba sin efecto la guarda del joven otorgada al director del centro de menores.
Los Mossos d'Esquadra pusieron al joven a disposición de la DGAIA en diciembre de 2010, tras comprobar que llevaba consigo un certificado de nacimiento expedido en Ghana y según el cual tenía 17 años.
La DGAIA, que ahora puede recurrir la sentencia, le brindó protección inmediata en un centro de menores en espera de un estudio personal y familiar, y fue la Fiscalía de Menores la que ordenó las pruebas radiológicas de edad por la apariencia física del chico, que hacía pensar que era un adulto.
