El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se personará como parte interesada en el procedimiento ordinario abierto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la presentación del recurso interpuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades contra la Orden 5465/2025, de 11 de noviembre, por la que se autorizó la adscripción del Centro Universitario ICAM (CUICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.
Como subraya en su comunicado, el Colegio ha querido dejar constancia de su pleno respeto institucional hacia las actuaciones de las distintas administraciones públicas, así como de su voluntad de seguir colaborando con transparencia, rigor y lealtad con todas las instituciones implicadas.
La decisión de comparecer en el procedimiento responde al propósito de defender un proyecto de carácter estrictamente académico y profesional, fruto de una trayectoria consolidada de más de cuatro décadas en el ámbito de la formación jurídica especializada. Desde 1986, el ICAM ha desarrollado una actividad formativa continua dirigida a miles de profesionales del Derecho, y la creación del CUICAM representa la evolución natural de esa vocación docente, ahora en el marco del sistema universitario oficial.
En este sentido, el Colegio recuerda que la figura de los centros adscritos a universidades públicas está plenamente reconocida y regulada en el sistema universitario español. Se trata de una modalidad consolidada, que en el curso 2024–2025 permite a más de 13.000 estudiantes cursar estudios superiores en la Comunidad de Madrid bajo esta fórmula, en los actuales 17 centros adscritos a las universidades públicas madrileñas.
Adscripción del CUICAM
La autorización de la adscripción del CUICAM ha sido el resultado de un procedimiento técnico, prolongado y reglado, en el que han intervenido múltiples órganos universitarios, administrativos y de evaluación de la calidad. El papel del ICAM se ha limitado a impulsar y sostener el proyecto en los términos legalmente previstos, con el único objetivo de contribuir a la mejor formación de los juristas, sirviendo a la sociedad y al Estado de Derecho.
Con su personación, el ICAM busca ejercer su responsabilidad institucional en defensa de un proyecto que considera plenamente conforme a la legalidad, coherente con su trayectoria formativa y alineado con los principios del sistema universitario público.
Por último, el ICAM quiere poner en valor el diseño académico del centro, concebido para integrar una sólida formación teórica con una intensa exposición práctica y un claustro de máximo nivel, formado por profesionales de la abogacía, magistrados, catedráticos y juristas de referencia, estrechamente vinculados tanto al ejercicio de la abogacía como al sector público.
El proyecto nace expresamente como complemento, y no como rival, de la educación pública, al articularse como una alianza estratégica entre la Universidad Complutense de Madrid —la mayor universidad pública del país— y el ICAM como corporación de derecho público al servicio de la Justicia.
Esa colaboración entre dos instituciones públicas en sentido amplio permite ofrecer un modelo pionero, al combinar la docencia universitaria con la realidad profesional y para dar respuesta a la necesidad de formación permanente que exige hoy la profesión —especialización, reciclaje continuo y actualización tecnológica—. De este modo, el centro no solo aspira a formar graduados en Derecho, sino a consolidarse como un espacio de aprendizaje para la Abogacía madrileña, alineado con el futuro de la profesión, el fortalecimiento del servicio público de justicia y las necesidades reales del mercado jurídico.
