La reforma tiene como objetivo modernizar el sector público español, dotarlo de mayor eficacia, eliminar duplicidades y simplificar los procedimientos a la luz de las propuestas recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada para tal fin, según fuentes parlamentarias.
El Gobierno presentó esta iniciativa junto a la reguladora del procedimiento administrativo, que integra las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las administraciones, para complementar la del régimen jurídico de las administraciones públicas donde se incluyen las disposiciones que disciplinan el sector público institucional.
La ley de Régimen Jurídico del Sector Público abarca la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las administraciones públicas y por otro el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, tanto la institucional como la periférica. En este proyecto, se recoge la reforma del ordenamiento jurídico administrativo por razones de coherencia normativa, política legislativa y para crear un marco que asegure la eficacia y eficiencia de los entes públicos.
Enmiendas del Senado
El Senado ha introducido algunas modificaciones de carácter menor, como que los consorcios que estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos y por tanto se integrarán o acompañarán a los presupuestos de esa Administración.
Además, se ha establecido que las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de la economía y de la empresa española preservarán además y con las mismas limitaciones las especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a la normativa comunitaria.
