Tal y como sucedió en su votación en el Congreso, también se prevé que varios senadores rompan la disciplina de voto en la Cámara Alta.
La norma llega del Congreso, donde se aprobó en sesión plenaria el pasado 16 de julio con los votos de la mayor parte del Grupo Popular (hubo cinco rupturas de disciplina de voto), los de Uniò y el de Foro de Asturias. El resto del arco parlamentario rechazó la iniciativa.
Así, el boletín de la Cámara Alta ha publicado este miércoles el proyecto de ley procedente del Senado, y ya se ha establecido el primer plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto. Éste terminará el próximo día 10 de agosto No obstante, otras fuentes del Senado dicen que el plazo podría ampliarse una semana más, hasta el 17.
Como cualquier otra ley cuya tramitación se encuentra en el Senado, primero pasa a debatirse en ponencia (a puerta cerrada entre los senadores) y después en su correspondiente comisión parlamentaria. En este caso, la de Sanidad y Servicios sociales. Dado su carácter orgánico su aprobación debe elevarse y repetirse en el Pleno de la Cámara Alta.
Así, las mismas fuentes indican que su aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales podría tener lugar a finales del mes de agosto, en torno al día 25. Dado su carácter orgánico, como la ley debe pasar a ser ratificada por el Pleno de la Cámara Alta, esta votación se prevé para el pleno del 8 de septiembre.
No habrá cambios en el articulado
Según confirman estas fuentes, en principio, no habrá cambios en su articulado, por lo que el texto, una vez refrendado en el Pleno del Senado, ya no deberá volver al Congreso, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, en torno a mediados de septiembre.
En este sentido, hay que resaltar que la proposición de Ley Orgánica ha viajado al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril en el Congreso, y se va a mantener la misma intención en la Cámara Alta. El PP sigue la premisa de que la reforma del aborto "más urgente", a falta de conocer el fallo del Constitucional sobre la ley en vigor, es el permiso paterno para las menores; de ahí esta reforma parcial.
Se prevén fugas de voto
Según confirman las mismas fuentes, de igual manera que sucedió en el Congreso, donde cinco diputados rompieron la disciplina de voto del Grupo Popular, en el Senado también se prevé más de una fuga de voto, al no compartir la reforma que ha emprendido el Gobierno por "consolidar el aborto como un derecho".
La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.
La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.
Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.
Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.
