Tras dos días de reflexión y debate en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre el papel del Tribunal de Cuentas en la sociedad moderna, así como sobre los retos a los que se enfrentan las Instituciones de control de la actividad económica-financiera pública, ante las exigencias crecientes de la ciudadanía, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, clausuró ayer el Seminario "El Tribunal de Cuentas en el Estado Moderno".
Durante su intervención, Álvarez de Miranda, refiriéndose a las recientes modificaciones del régimen del Tribunal y de sus actuaciones, a través de la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, que modifica, entre otras, las Leyes Orgánicas del Tribunal de Cuentas y de Financiación de los Partidos Políticos, destacó que "estas reformas deben permitir afrontar los retos a que se enfrenta la Institución, conforme a las expectativas de la sociedad moderna, con una apuesta por una gestión eficaz, eficiente y austera, gracias a la utilización intensiva de las nuevas tecnologías y a la profesionalidad de nuestro personal".
Sin embargo, el presidente del Tribunal de Cuentas señaló la importancia de continuar el proceso de reforzamiento de las Instituciones públicas de control. "Es indudable –concluyó- que para completar la última reforma legal sobre la materia, que ha supuesto la subsanación de algunas de las carencias o insuficiencias de la normativa anterior, resulta imprescindible una futura revisión de nuestra Ley de Funcionamiento, que deberá incluir estas y otras cuestiones".
En relación con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas para el buen ejercicio de sus funciones, fiscalizadora y jurisdiccional, reconoció que la nueva regulación supone un avance frente a la anterior al extender el deber de colaboración a todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con la Administración General del Estado y otros organismos públicos para el suministro de dicha información.
No obstante, matizó que "el cumplimiento de un deber legal, como es el relativo a la colaboración con el Tribunal de Cuentas, no puede quedar supeditado a la autonomía de la voluntad de los sujetos afectados por dicho deber, por lo que la celebración de tales convenios no debe servir de limitación para el ejercicio efectivo de las actividades de fiscalización y de enjuiciamiento contable".
En el acto de clausura también intervino el ministro de Justicia, que efectuó un repaso sobre el conjunto de modificaciones normativas que se han abordado en los últimos tiempos para reforzar el papel del Tribunal de Cuentas. Citó, en concreto, la atribución de una función consultiva por la que el Tribunal informa sobre todos los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos que afecten a su régimen jurídico o al ejercicio de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional. También mencionó el reforzamiento del papel del Tribunal en el ámbito del control del sector público local. Finalmente, realizó una síntesis de las principales cuestiones abordadas en la reciente reforma del régimen jurídico del Tribunal de Cuentas y del control de los partidos políticos.
Según el ministro de Justicia, el Gobierno ha apoyado decididamente la función de las Instituciones de Control y, en especial, del Tribunal de Cuentas, incluyendo la designación de un miembro del mismo para formar parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
Durante estas jornadas, celebradas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, también intervinieron diversos consejeros, letrados, el abogado del Estado jefe y el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, así como otros expertos de la Academia, de las Cortes Generales, de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, de la Administración y de la Universidad, que analizaron las principales cuestiones que se han puesto de manifiesto para el mejor funcionamiento del Tribunal, así como la necesidad de continuar adoptando nuevas medidas y reformas para que las Instituciones de control externo puedan responder a las exigencias sociales. En este sentido, durante las distintas intervenciones, se destacó la importancia de reforzar los mecanismos legales para fomentar la rendición de cuentas, mejorar la colaboración con el Tribunal, armonizar la contabilidad y auditoría en el sector público y luchar contra el mal uso de los fondos públicos, incluso a través de enmiendas concretas a la Constitución
