El informe señala asimismo que la institución estatal gestionó 494 actuaciones de oficio, es decir, promovidas por el Defensor del Pueblo, y 14 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que junto a las 8.462 quejas antes mencionadas hace un total de 8.970 expedientes. "En seis meses supera con mucho lo que hicimos en el año 2015", ha manifestado ante los medios en la Cámara Baja, tras la entrega del documento a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Respecto a las 748 resoluciones formuladas de enero a junio 2016, el balance pone de manifiesto que un total de 268 han sido recomendaciones (18 de ellas aceptadas y 13 rechazadas), mientras que 337 han sido sugerencias y 143 recordatorios de deberes legales.
Por áreas de actuación, el mayor número de expedientes tramitados (1.585) tuvo que ver con el área de Función y empleo públicos, seguido de Actividad económica (1.097), Administración de justicia (922), Empleo y seguridad social (575), Asuntos de interior (554), Impuestos (541) y Migraciones (487), entre otras áreas.
Por otro lado, en los primeros seis meses del año se han tramitado también expedientes relacionados con Educación (464), Servicios públicos y esenciales (377), Política social (375), Sanidad (297), Medio ambiente (216), Igualdad de trato (50), y con Prevención de la tortura (45).
El balance del primer semestre también detalla que la Defensora del Pueblo ha solicitado a la Dirección General de la Policía informe de actuaciones para mejorar los instrumentos de detección de riesgo de violencia de género y de protección de las víctimas; elaboración del protocolo municipal sobre víctimas de violencia de género y doméstica que se implantará a nivel nacional; y actualizaciones y revisiones del Manual de procedimiento de las unidades especializadas en violencia doméstica, de género y sexual.
Asimismo, la institución ha recomendado a la Secretaría de Estado de Seguridad impulsar las medidas de coordinación, colaboración y cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y autonómicos al objeto de favorecer la prevención y la persecución del delito de trata de seres humanos, ya que se constata la necesidad de mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar situaciones de revictimización para las víctimas de trata y prevenir detenciones en el marco de procedimientos sancionadores de la legislación de extranjería.
En este sentido, la Defensora del Pueblo ha recomendado también facilitar una adecuada atención a las víctimas del delito de trata se seres humanos a través de una tramitación preferente y sumaria de las solicitudes formuladas para la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, ya que se ha podido comprobar que no siempre las solicitudes de autorización de trabajo y residencia de las víctimas de trata son tramitadas con la celeridad que estas situaciones requieren.
En otro orden de cosas, la institución ha actuado de oficio para que la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y Universidades Públicas efectúen la reserva de porcentaje de plazas para estudiantes afectados de discapacidad en el acceso a estudios de máster y doctorado. Por este mismo procedimiento (actuación de oficio), ha pedido a todas las comunidades autónomas la regulación de condiciones que deben reunir las aulas de educación especial destinadas a alumnos con trastornos generalizados de desarrollo.
Igualmente, a 62 municipios con más de 100.000 habitantes ha formulado dos recomendaciones sobre los programas de garantía alimentaria. Las actuaciones se centran en el ámbito local, porque las competencias de estas administraciones las convierte en órganos esenciales para afrontar este problema, según indica en el informe.
Consecuencias del Gobierno en funciones
Tras la entrega del documento a la presidenta de la Cámara Baja, Becerril le ha comentado a Pastor que "en muchas ocasiones, en los últimos meses, el Gobierno de la nación y los distintos ministerios responden al Defensor que no pueden tomar en consideración propuestas, que no pueden aceptarlas por estar en funciones". "Hemos notado las dificultades que acarrea un prolongado periodo en funciones para un gobierno", ha asegurado, para añadir que "esto va en detrimento de los intereses de los ciudadanos".
