El Notariado, ante el incremento de las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de fraudes en la financiación extrabancarias, convocó esta mesa redonda en la que participaron representantes de los colectivos que pueden contribuir a prevenir y combatir este tipo de delincuencia.
Durante la presentación de la mesa redonda, que tuvo lugar en el Colegio Notarial de Madrid, José Manuel García Collantes –presidente del CGN- puntualizó que aunque los préstamos concedidos por entidades o prestamistas ajenos al circuito bancario son lícitos, "en los últimos años se han producido operaciones con cláusulas excesivas, complejas o con intereses altos, que se agravan por la situación de extrema necesidad de las personas que los solicitan". "El Notariado-señaló- es el principal interesado en aclarar esas situaciones y en buscar soluciones dentro de los cauces de la Justicia."
La psiquiatra forense Marta Navas analizó las situaciones límite que viven los afectados y las estrategias de los estafadores. "Las estafas hipotecarias han cobrado gran relevancia mediática y social, incluso con la creación de una asociación de víctimas de dichos delitos", comentó. Para esta psiquiatra, la crisis económica está generando "tensión, precariedad, depresión, ansiedad, alcoholismo y suicidio –se calcula que 3 de cada 9 suicidios están relacionados con la recesión-".
Las víctimas de estas estafas padecen ansiedad "ante la necesidad apremiante de dinero, cavilan constantemente acerca de su precario estado y llegan a la desesperación. Para ellos no hay otra salida que el 'coge el dinero y corre': los bancos les niegan los préstamos, no comunican la situación a familiares y amigos por diversos motivos -vergüenza, no involucrar, salvaguarda de imagen. Se produce una disociación cognoscitiva que impide percibir los riesgos evidentes de la operación". "Los prestamistas eligen a sus presas y tienen un modus operandi nada casual. Aumentan los niveles de ansiedad de las víctimas de forma estudiada", según Marta Navas.
Carlos Galán, abogado especialista en delitos económicos, denunció el incumplimiento de algunos prestamistas particulares de la normativa vigente sobre créditos. "Aunque son actividades lícitas, incluso necesarias. El crédito extrabancario si está bien regulado funciona correctamente en otros países: el 25 por ciento de los créditos comunitarios procede de fuera del sistema bancario.
En España, las primeras voces demandando una regulación de este tipo de operaciones vinieron de parte del Defensor del Pueblo Enrique Múgica en 2006, quien alertaba sobre malas prácticas en la reunificación de deudas. Tres años después, el Gobierno plantea la Ley 2/2009 para regular los préstamos hipotecarios no bancarios y la reunificación de deudas, donde se introduce cierto control; pero no ha habido una evaluación de la norma; seis años después se detecta que es una ley deficiente e incumplida".
"Algunos prestamistas no cumplen ningún precepto de esa Ley –sostiene el jurista-. El texto legislativo ponía el control de los préstamos no bancarios bajo las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas, que se han desentendido por completo y no ordenan inspecciones de oficio. En 2009 se aprueba la creación de un registro estatal extrabancario, pero a día de hoy aún no se puede consultar, algo que facilitaría la transparencia y el control. Asimismo, se desarrollan préstamos al consumo con comisiones ocultas y TAEs altísimos. Incluso se ha dado la circunstancia de que empresas sancionadas en el Reino Unido por cobros indebidos se expandan a España por su inexistente regulación".
El abogado pormenorizó con detalle la casuística de estas estafas que "abusan de la confianza que genera la profesión notarial y su patrimonio de credibilidad. Los afectados firman lo acordado en un documento privado -que luego no se les entrega-; esto no coincide con lo que se recoge en la escritura pública. Además, el capital concedido en escritura es superior a lo que se entrega; los estafadores sacan el dinero del banco en el momento que se ingresa, lo que popularmente se conocen como 'intereses al tirón' (incumpliendo la prohibición de percibir pagos en metálico por un máximo de 2.500 euros, creando figuras de falsos particulares). El prestatario es citado con urgencia y no es informado de que puede consultar la oferta vinculante o revisar la escritura que está en la notaría tres días antes".
"En un principio, los jueces no se podían creer lo que les ocurría a las víctimas; afortunadamente la situación ha cambiado. No hay una seguridad cien por cien de cómo evitar estas prácticas irregulares, que siempre van por delante, pero debemos intentar ponérselo más difícil, hablando entre los sectores implicados –como en esta mesa de debate- y mejorar la praxis", apuntó como conclusión Carlos Galán.
José Ignacio Navas, notario y moderador de la mesa, recordó que "el notario está obligado y no se puede negar a autorizar estas escrituras públicas de préstamo, a no ser que contengan alguna ilegalidad". Como solución previa a las necesarias reformas legales, Navas apuntó algunos controles que podrían evitar la actuación ilícita. "Debería contemplarse la figura jurídica de la inversión de la carga de la prueba en todos los supuestos en que se debata la nulidad; es decir, el prestamista debería estar obligado a acreditar que el dinero ha sido aplicado a la finalidad que figura en la escritura pública.
Otro punto a evitar es la tasación a la baja, ya que se minusvalora la tasación del bien hipotecado y –al no incorporarse la tasación a la escritura- el prestatario no se entera del valor que se está dando a su inmueble. Por último, debería erradicarse la hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso o al portador, que puede desembocar en una serie de transmisiones que impidan identificar al acreedor, imposibilitando a la persona que quiere pagar su hipoteca poder hacerlo; es necesario vedar este tipo de hipoteca a las operaciones en que intervenga un consumidor".
El notario y colaborador del blog ¿Hay Derecho? Fernando Gomá, apuntó algunas soluciones que ayudarían a los notarios en su labor de control de legalidad para evitar estos delitos. "En primer lugar, debería legislarse e implantarse un formato adecuado para estos préstamos personales donde la información fuera muy clara. Asimismo, se debería definir qué se entiende por interés abusivo, algo que no queda claro en la legislación actual. Por lo que se refiere a la actuación notarial, el notario debería ser quién recibe y entrega el dinero al prestatario, sin intervención de los prestamistas. De igual forma, en el momento de la firma, una opción adecuada sería la de explicar por separado –es decir, sin presencia de los prestamistas particulares- al consumidor los efectos últimos de lo que está firmando. Por último, debería poder enviarse el borrador de la escritura pública de préstamo por correo electrónico al interesado tres días antes de su firma, para evitar urgencias y que pudiera revisarla tranquilamente".
"Los notarios somos una red, un contingente de Big Data para las Administraciones Públicas. Nuestros datos se pueden utilizar también para la lucha contra este tipo de fraudes. Por ejemplo, se puede detectar si un prestamista que se presenta ante el notario como no profesional repite este tipo de operaciones en varías notarías que derivan en denuncias de los prestatarios, analizar los préstamos denegados por los notarios a determinados prestamistas, que los hay, y las razones. Hace falta la colaboración y coordinación de todos -Banco de España, jueces, fiscales, notarios, abogados...- para moderar estos abusos y regular el sector", concluyó Gomá.
Colaboración notarial
Por último, el capitán de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, Carlos Gallego expuso las líneas maestras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el combate y persecución de los delitos económicos. "Este tipo de delincuencia ha evolucionado en los últimos años por la libertad de movimientos de capital y de personas entre países y la escasa alarma social y reprensión en relación con otros delitos". Gallego destacó la labor de instituciones nacionales–como el SEPBLAC, la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariado e internacionales, como la Interpol o Europol- que son fundamentales para detectar 'los incrementos de patrimonio ilícitos de los sospechosos dentro y fuera de España'. Para concluir, señaló algunos de los datos relativos a las investigaciones concluidas con éxito por la Guardia Civil durante el pasado año: "562 estafas, 201 delitos de corrupción, 33 de ordenación del territorio, 44 de contrabando, 1.072 delitos económicos de todo tipo, 64 contra la propiedad industrial o intelectual y 225 falsificaciones".
