El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado (AGE) y en sus organismos públicos. El Plan, que ha sido negociado y firmado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado por UGT, CCOO y CSIF, tiene como objetivo garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público y en sus condiciones de trabajo, además de conseguir una representación equilibrada entre ambos sexos y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.
Con esta iniciativa se da un nuevo impulso a las medidas para la igualdad emprendidas por el Gobierno en el ámbito de la Administración española, que se convierte en una de las más avanzadas en este campo. Así, desde 2005 se han puesto en marcha iniciativas pioneras como el primer Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, el Plan Concilia o el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta estrategia fue reforzada en el año 2007 con la aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Según los datos que recoge el Diagnóstico, que ha servido de base para las conclusiones y la adopción de medidas contenidas en el Plan, la distribución de la representación entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado es de un 51,9 por 100 y un 48,02 por 100, respectivamente, aunque en los puestos de mayor nivel administrativo se observa con claridad una menor presencia femenina.
Ejes del Plan
El Plan, que se ha elaborado partiendo del diagnóstico de situación previo referido, actuará en siete ejes principales, sobre los que se destacan las siguientes medidas:
1.- Acceso al empleo público. En esta área no se han detectado desequilibrios, aunque el Plan propone la inclusión de las materias de políticas de igualdad y contra la violencia de género en los programas de los distintos procesos selectivos.
2.- Igualdad en el desarrollo de la carrera profesional. En términos generales, no existe discriminación, si bien hay desequilibrios estructurales. La Dirección General de la Función Pública realizará un estudio interno anual sobre el impacto de género en las formas de provisión de puestos de trabajo.
3.- Formación en la igualdad entre mujeres y hombres. Se realizarán de forma anual jornadas interdepartamentales en materia de igualdad.
4.- Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El Plan impulsará la aplicación de las medidas incluidas en el Plan Concilia, acordado entre la Administración y los sindicatos para la mejora de las condiciones de trabajo. También se analizará un posible cambio en las condiciones de trabajo en relación con la ordenación de la jornada laboral, posibilidades de teletrabajo o cumplimiento de objetivos.
5.- Situaciones de especial protección. Se elaborará un protocolo de actuación para los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
6.- Retribuciones. Está prevista la realización de un estudio sobre el impacto de género de las cuantías retributivas de los complementos variables que perciben las empleadas y empleados públicos.
7.- Medidas relativas a la Igualdad en las estructuras funcionales y organizativas de la Administración General del Estado. Se fomentarán las redes internas departamentales (intranet) e interdepartamentales.
Aplicación y evaluación del Plan
El Plan que ahora se aprueba se aplicará en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario, estatutario o laboral a su servicio, y tendrá una vigencia de un año, vigencia que se mantendría hasta la aprobación de un nuevo plan. Las medidas contempladas en el plan no suponen un mayor coste para el gasto público, puesto que en su mayor parte son de carácter organizativo o de régimen de personal.
El seguimiento del Plan se realizará por parte de la Comisión Técnica de Igualdad de la Mesa General y de la Secretaría de Estado para la Función Pública, con la colaboración de la Secretaría de Estado para la Igualdad. Anualmente, la Dirección General de la Función Pública elaborará un informe sobre la aplicación del Plan, que se elevará al Consejo de Ministros.
