En un comunicado, la institución hace referencia a la situación de las personas que causaron baja voluntaria en su empresa pero que luego no pudieron acceder al nuevo trabajo o se vieron afectados por la rescisión empresarial de su contrato durante el periodo de prueba.
El SEPE les denegó la prestación por desempleo (o subsidio asistencial, en su caso) basándose en la normativa en vigor, que reserva dicha prestación a las pérdidas involuntarias del trabajo y no a las voluntarias. La regulación también considera la rescisión empresarial del contrato durante el periodo de prueba como una situación neutra, que solo permite el acceso a la prestación por desempleo cuando han transcurrido más de tres meses desde la anterior pérdida del trabajo por baja voluntaria.
La institución denuncia que estas personas se encuentran "desempleadas, sin perspectivas de encontrar un nuevo empleo a corto plazo y sin protección social específica, pese a reunir en muchos casos el periodo de carencia de 360 días".
Por ello, ha pedido al Ministerio de Trabajo una modificación normativa para que, dadas las actuales circunstancias extraordinarias, las bajas voluntarias que recogen los casos descritos se califiquen como involuntarias y, por tanto, tengan derecho a protección por desempleo.
Anteriormente, el Defensor del Pueblo pidió equiparar el riguroso confinamiento de los trabajadores y el aislamiento preventivo por el Covid-19 en la localidad barcelonesa de Igualada y otros municipios limítrofes con la protección social propia de la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo.
En este sentido, ha celebrado que su planteamiento haya sido plenamente acogido en el Real Decreto-ley 13/2020.
Por otra parte, la Institución también ha actuado de oficio para que el periodo de aislamiento preventivo por Covid-19 se considere situación incapacidad temporal por accidente laboral por asimilación, en lugar de incapacidad temporal derivada de enfermedad común por asimilación, finalmente recogido en una norma.
Ampliar la campaña de la Renta
En materia de impuestos, la institución valora la decisión del Gobierno de ampliar en un mes el plazo que tienen pymes y autónomos para cumplir con sus obligaciones tributarias (IVA trimestral, retenciones de IRPF y pagos fraccionados de Sociedades). En una carta remitida al Ministerio de Hacienda el pasado 31 de marzo, el Defensor pidió que se flexibilizaran los plazos tributarios que ambos colectivos debían afrontar en el futuro inmediato.
No obstante, no descarta que sea necesaria una nueva ampliación, en función de la evolución general de la pandemia. Además, mantiene su petición para que también se amplíen los plazos para la campaña de Renta y Patrimonio 2019 hasta que se mantengan las limitaciones para el contacto social o hasta el próximo 30 de septiembre.
"Con ello, se daría más margen fiscal a todas aquellas personas que, debido a la crisis del Covid-19, pueden estar experimentando dificultades para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación", señala, al tiempo que considera que se podrían barajar medidas de alivio del Tesoro y ha propuesto la posibilidad de modificar la normativa para que aquellos ciudadanos que renuncien a su devolución del IRPF de la Campaña 2019, puedan recibirla mediante compensación en los próximos cuatro ejercicios.
Cortes de suministros, bloqueo de cuentas y correos
Por otra parte, la institución pide a las administraciones que, durante esta crisis, movilicen los recursos necesarios para asegurar la continuidad y calidad de los suministros de energía esenciales (luz y gas) en los domicilios habituales, tal y como establece el real decreto del pasado 14 de marzo, que habilita a las autoridades competentes a adoptar medidas extraordinarias de garantía de suministro.
El Defensor del Pueblo ha actuado en varias ocasiones con carácter de urgencia tras recibir quejas por cortes de luz o de gas a lo largo de la crisis.
En estos días la institución también tramita actuaciones por el bloqueo de cuentas a ciudadanos, lo que conlleva "un problema de acceso a dinero y dificultades para poder resolver la cuestión, dadas las limitaciones decretadas por el estado de alarma".
Por otro lado, ha pedido información a Correos tras recibir quejas ciudadanas que denuncian un posible incumplimiento de su condición de prestador del servicio postal universal durante el estado de alarma. También se ha preguntado a la Sociedad Estatal si contempla ampliar el plazo inicialmente previsto para que los ciudadanos puedan recoger sus paquetes, dado que el estado de alarma impide la recogida en los plazos inicialmente previstos.
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