El objetivo es rebajar a tres meses el tiempo de resolución de los pleitos que actualmente tardan en resolverse casi dos años, mediante un acuerdo entre el banco y el cliente.
Este pacto implica que el primero acepta devolver al consumidor el importe correspondiente a aquellos conceptos que, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron cobrados indebidamente (el 50% de los gastos de Notaría y Gestoría, el 100% de los gastos de Registro de la Propiedad, el importe de los intereses moratorios abusivos), y el segundo renuncia a una parte de las costas del procedimiento a las que tendría derecho en el caso de que litigara hasta el final y los tribunales estimaran sus pretensiones.
El sometimiento a dicho protocolo, que además servirá para descongestionar el juzgado especializado en cláusulas bancarias y la sección de la Audiencia Provincial que ve los recursos que se interponen, es voluntario.
Las partes litigantes pueden acogerse al mismo en cualquier fase procesal en que se encuentre el procedimiento, o hacerlo incluso antes de que se presente la demanda, evitando así la judicialización.
El protocolo ha sido suscrito este jueves por el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, y representantes de CaixaBank, primera entidad bancaria en adherirse.
Casi 11.000 demandas
En la actualidad, existe un único juzgado en Valladolid, Primera Instancia 4, que desde junio de 2017 se encarga de manera exclusiva de manera exclusiva y no excluyente de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desde que entró en funcionamiento ha recibido 10.800 demandas. Terminó el año 2019 con más de 2.700 asuntos pendientes y en lo que va de 2020 ha recibido 1.220 demandas.
El juzgado soporta una carga de trabajo muy superior a la que establece el CGPJ como recomendable, lo que ha obligado a reforzarlo. Su situación, y por ende, el tiempo de respuesta que recibe el justiciable, empeorará de manera inmediata como consecuencia de la paralización de las actuaciones judiciales por el COVID-19 y de la previsible entrada de nuevos asuntos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que cuya abusividad deberá ser valorada por los Tribunales en función de las circunstancias que concurren en cada contrato.
“Esta grave situación de pendencia, que puede verse agravada en un futuro inmediato por las demandas sobre el IRPH, justifica que se adopten medidas extraordinarias e instrumentales para intentar paliar los retrasos en la tramitación de los asuntos. A ello responde el presente protocolo que, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Valladolid, se basa en otro anterior que se ha venido aplicando en Pamplona”, ha explicado Javier Carranza, quien ha insistido en el carácter puramente instrumental y voluntario del mismo.
El documento ha sido enviado a los Colegios de Abogados y Procuradores de Valladolid para su difusión entre sus colegiados, a las distintas entidades bancarias y asociaciones de consumidores.
