De esta forma, Gestha explica que el "aguinaldo" para las arcas públicas será un 11,9% inferior debido a que el mínimo exento de tributación se incrementó desde el 1 de enero de este año hasta los 40.000 euros, desde los 20.000 euros exentos en 2019.
De cara al Sorteo de Navidad, los técnicos recuerdan que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los premiados de las tres primeras categorías obtienen 4.000 euros más al décimo respecto al pasado año.
De esta forma, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, ganarán 328.000 euros, mientras que el Fisco se quedará con los 72.000 euros restantes. Los agraciados con el segundo premio -de 125.000 euros por décimo- entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio -50.000 euros por décimo- se les descontarán 2.000 euros.
Se disparan los premios de lotería de fundaciones y asociaciones
Por otra parte, Gestha alerta de que las fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro multiplicaron por ocho los premios de la Lotería, principalmente del sorteo de Navidad, hasta alcanzar la "increíble" cifra de 427,7 millones de euros en 2019.
A pesar de que el número de premios sujetos al gravamen de loterías disminuyó casi a la mitad, un 42% por el aumento del mínimo exento de cada décimo premiado en 2019 de los 10.000 euros a los 20.000 euros, el pasado año se repartieron 294 millones de euros más en premios grandes, de los cuales, las entidades y sociedades ingresaron 374,8 millones más, un espectacular aumento de más de un 700%, al acaparar también otros 85,1 millones de premios que las familias no ganaron.
El sindicato viene alertando desde 2017 de que se había disparado el cobro de premios por las entidades y empresas, e insistía en modificar la ley del Impuesto sobre Sociedades para que los premios que ganen las personas jurídicas tributen como mínimo el gravamen de loterías para evitar que las empresas y entidades en pérdidas o parcialmente exentas no tributen y obtengan la devolución de la retención del 20%.
Según sus cálculos, hasta octubre de este año 2020 las entidades jurídicas habrían ganado 340 millones en premios de Loterías de más de 40.000 euros cada uno, cifra que aumentará tras el sorteo de Navidad.
Investigación de "premios sospechosos"
De hecho, los técnicos reclaman desde hace cuatro años a la AEAT que les permita abrir un programa de investigación tributaria y de blanqueo de capitales a las fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro que acumulan el 99,5% de los premios obtenidos por las personas jurídicas, así como a las personas que ganan grandes premios en distintos sorteos.
No obstante, finalmente en 2021 se podrá investigar los "premios sospechosos", cuando entre en vigor la ley de prevención del fraude fiscal que se tramita en el Congreso, que permitirá a la AEAT "conocer inmediatamente" los premios pagados con o sin retención, identificar al ganador, las fechas del sorteo o apuesta y del pago del premio, entre otros datos relevantes, tal y como demandaba Gestha.
En este marco, los técnicos de Hacienda piden al Gobierno de coalición que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, puesto que consideran que así se desincentivaría el juego, además de que no ven ninguna justificación tributaria para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio el ingreso mínimo vital o una subvención de 1.000 euros obligue a declarar.
De hecho, subrayan que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes sólo añaden en su Declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. "Incluso no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí hay que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo", explica.
Gestha insiste en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino "combatir la elusión mediante mayores competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudación".