En el encuentro, los representantes de Justicia han reiterado su condena a la agresión que sufre Ucrania y su población civil por parte del ejército ruso, y han hecho hincapié en que los responsables de estos crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional deben rendir cuentas de sus actos.
En este sentido, en el foro de debate se han referido a la importancia de la rendición de cuentas a través de las investigaciones en curso y han destacado el valor de cooperar y reunir pruebas para que las investigaciones, tanto a nivel nacional como por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), sigan su procedimiento.
Los titulares de Justicia han señalado el "importante apoyo" que podría proporcionar Eurojust en la coordinación eficaz de las investigaciones entre los Estados miembros de la UE, Ucrania y la Fiscalía de la CPI. También han acordado la coordinación institucional para garantizar que los refugiados tengan la información necesaria para que puedan mostrar evidencias de los posibles crímenes de guerra contra el pueblo ucranio a través de los canales establecidos, evitando la doble victimización; así como la posibilidad de enjuiciar a los combatientes terroristas extranjeros que agredan al pueblo ucraniano.
Además, en la reunión se han explorado fórmulas para reforzar las sanciones europeas contra Rusia y Bielorrusia. Los ministros han acogido con interés la creación del grupo de trabajo "Congelar y confiscar", creado por la Comisión Europea; y han resaltado la importancia de la coordinación entre los Estados miembros con respecto a la inmovilización, incautación y confiscación de activos de quienes facilitan la guerra en Ucrania.
Del mismo modo, los participantes han insistido en la importancia de dar un enfoque operativo a la recopilación de información y pruebas de posibles delitos que permitan la incautación y el decomiso, aprovechando al máximo la competencia de Europol y Eurojust.
Los ministros de Justicia también han abordado el asunto relacionado con los ciudadanos europeos que se unen a la legión extranjera ucraniana y han coincidido en la importancia de desalentar a todos aquellos que pretenden unirse a la lucha en el campo de batalla.
Además, el Grupo Vendôme ha abordado la posibilidad de fortalecer los derechos de las víctimas y ha expresado su apoyo a la Comisión de la UE para explorar fórmulas que refuercen la Directiva de 2012 que establece estándares mínimos sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Más específicamente, se han centrado en maneras de evitar que los refugiados ucranianos, que se encuentran en una posición muy vulnerable, sean víctimas de abuso o explotación.
Digitalización
Por otro lado, los representantes de Justicia se han centrado en los desafíos que tienen por delante los sistemas de Justicia penal en la era digital, como el big data y las posibilidades que abre para las investigaciones; y se ha señalado la posibilidad de considerar cómo y en qué medida se puede proporcionar el acceso a esta información a las autoridades policiales.
En esta misma línea, también se ha hablado sobre la retención de datos con el objetivo de preservar la seguridad nacional y combatir delitos graves; así como la importancia de aumentar la eficiencia y la resiliencia del sistema de Justicia a través de una mayor digitalización, bajo la atenta supervisión de personal altamente cualificado.
