El Juzgado de lo Penal nº 9 les considera responsables de los delitos de maltrato animal, estafa, falsedad y pertenencia a grupo criminal, por lo que, además de la pena de prisión, les impone la inhabilitación para labores profesionales con animales durante más de tres años, multas individuales de 4.500 euros e indemnizaciones conjuntas superiores a los 8.000.
“Es una sentencia pionera, la mayor impuesta nunca en España por maltrato animal”, afirma Amparo Requena, presidenta de AVADA (Abogados Valencianos en Defensa Animal) y de la protectora de animales Modepran que ejerció la acusación particular junto con varios de los compradores de los cachorros.
“Tristemente hay muchos criaderos y tiendas en las que se producen estos mismos hechos pero es muy complicado demostrar el grado de participación. Es fundamental que se vea y que no quede impune”, dice la jurista.
La sentencia recoge hasta diez episodios de cachorros entregados ya enfermos a sus compradores, que se hicieron cargo de importantes gastos veterinarios para tratar de salvarles la vida, sin éxito.
Este comercio ilícito de animales estuvo abierto entre noviembre de 2014 y junio de 2016, cuando los procesados recibieron varias camadas que eran ofrecidos y puestos a la venta ocultando su procedencia y edad real.
“Los perritos, que no llegaban a la tienda debidamente vacunados y desparasitados, eran almacenados hacinados en pequeñas vitrinas o boxes, donde desarrollaban, y antes de ser vendidos, síntomas de las enfermedades que padecían desde su llegada, como coronavirus, parvo virus, moquillo o tos de las perreras”, describe la sentencia.
Requena indica que ha sido importante el apoyo en las acusaciones de asociaciones, de la protectora y que los propietarios hayan denunciado y “su decisión de haber continuado hasta el final, a pesar de ser una situación complicada”. Pero también destaca “el buen hacer de la Fiscalía de Valencia, liderada por Eduardo Olmedo, que le ha dado la importancia que merecía el caso”, añade.
La jurista valora positivamente que no se les haya aplicado a los acusados el atenuante por las dilaciones indebidas, que hubiera dado lugar a una rebaja de las condenas. “Ha sido un proceso que ha durado muchos años pero parte del problema del atraso es el que los implicados han puesto todo tipo de trabas para la investigación”.
