Vivimos en una era marcada por avances como el procesamiento masivo de datos en tiempo real y la integración de dispositivos inteligentes en nuestras rutinas diarias. Estos desarrollos no solo han ampliado nuestras capacidades, sino que también han creado nuevos desafíos, especialmente en el ámbito financiero.
La velocidad con la que circula la información y se toman decisiones económicas ha reducido el espacio para el análisis crítico, dejando a los inversores vulnerables ante fraudes sofisticados que utilizan tecnologías modernas para amplificar su alcance y complejidad. La tecnología nos permite ampliar las fronteras de acción, obtener más información en menos tiempo y actuar inmediatamente. Sin embargo, esas condiciones impiden a los inversores analizar detenidamente la información ofrecida. No hay espacio para verificar la solidez de una empresa financiera ni los mercados en los que opera. Las modalidades de inversión resultan inentendibles y al mismo tiempo inexplicables para quienes las promueven.
El terreno fértil del fraude financiero
Las decisiones se toman guiadas más por la imagen que se percibe del negocio que por su verdadera sustancia o solidez. En ese fértil terreno proliferan maniobras defraudatorias que no son nuevas pero que se renuevan. Vale recordar en este punto que muchas de las maniobras de fraude con criptomonedas reeditan la maniobra del famoso caso “Fórum Filatélico”, sentenciado por la Audiencia Nacional en el año 2018, luego ratificado casi en su totalidad por el Tribunal Supremo. Este caso emblemático consistió en una organización que operó entre los años 1998 y 2006 desarrollando un negocio que llegó a tener 268.804 clientes e involucró alrededor de 3 mil millones de euros mediante de captación masiva de dinero de pequeños ahorradores que recibían sellos postales sin valor real, cuyo precio ficticio fijaba la compañía que, a su vez, se comprometía a recomprar más tarde prometiendo un incremento de precio.
Las maniobras con “meme coins” no son muy distintas pero el uso de la tecnología permite a las organizaciones amplificar el alcance a las víctimas, atravesar fronteras, constituir sociedades en paraísos fiscales y aparentar su operación con licencias otorgadas por organismos regulatorios. Un informe difundido por el FBI estima que más de 69.000 damnificados ya han perdido unos 5600 millones de dólares y que España se ubica entre los primeros tres países con más afectados.
Retos jurídicos para la recuperación de inversiones
Estos casos presentan importantes desafíos a la hora de desplegar estrategias legales para recuperar las inversiones. En primer lugar, se hace compleja la gestión de los derechos de los afectados. Desde los despachos de abogados se favoreció la creación para casos penales de plataformas de damnificados, aplicando la interpretación del artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referida a la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. Sin embargo, cuando los afectados no se encuentran solamente en la jurisdicción española la solución no es aplicable y se llega entonces a un complejo proceso para lograr que miles de personas firmen y apostillen poderes.
En segundo lugar, la recolección de la prueba suele ser una tarea difícil, por la precariedad bajo la cual se realizan las inversiones y la desaparición de los sitios web o servidores en los que se alojaba la información. También, entra en juego la expectativa del inversores que pretenden recuperar su patrimonio con la misma rapidez con la que se concertó el negocio, pero los tiempos de la justicia distan mucho de ser análogos a una transacción online.
Por último, la justicia se ha enredado en constantes debates sobre la competencia para entender en estos asuntos obligando a los damnificados a peregrinar por distintos tribunales en busca de tutela judicial. Si bien existe consenso en llevar los casos ante la Audiencia Nacional por las herramientas que puede desplegar ese tribunal, cuando la envergadura de los casos es notoria, dicho tribunal ha mantenido un estricto criterio inadmitiendo desde2 casos que involucran a un damnificado con un perjuicio menor a veinte mil euros (Autos Nº 193/2024 y N° 468/2024 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal) como otros que involucran a cientos de personas con daños que superan los veinte millones de euros (Autos N° 0322/2024 y N° 341/2024 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal).
Pero el horizonte parece despejarse en beneficio de los afectados. Recientemente, la Audiencia Nacional ha variado su criterio admitiendo un caso de estafa informática con cientos de personas afectadas que residen mayormente en Argentina, España y Uruguay, aplicando los principios del Convenio sobre el Cibercrimen de Budapest.
Entre sus fundamentos consideró que, en este tipo de delitos, lo más conveniente es que la investigación esté a cargo de las autoridades judiciales del país en donde se ha cometido la actividad delictiva porque se permite el acceso a los ordenadores informáticos y demás elementos probatorios, y asegura la mayor eficacia investigativa, abandonando la estricta aplicación de los criterios relacionado con la residencia de los damnificados o el lugar en que se realizó la disposición patrimonial (Auto N° 146/2024 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal).
En un mundo cada vez más digitalizado, los desafíos legales y financieros derivados de las nuevas tecnologías requieren soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad global. La reciente apertura de la Audiencia Nacional hacia la aplicación de principios internacionales, como los del Convenio de Budapest, marca un paso significativo en la lucha contra los delitos informáticos. Este avance no solo refuerza la protección de los afectados, sino que también posiciona a España como un referente en el abordaje de fraudes tecnológicos. Con este precedente, se abre una oportunidad para que los despachos de abogados y las autoridades judiciales trabajen juntos en el desarrollo de estrategias más eficaces que permitan recuperar inversiones y garantizar una mayor seguridad jurídica en el entorno digital.
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