De acuerdo con esta resolución, este incremento adicional, que estaba vinculado a la evolución del PIB y que se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros, deberá hacerse efectivo en la nómina del presente mes de febrero, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2023.
Con el fin de facilitar la confección de las nóminas de los altos cargos, personal directivo y demás personal del sector público estatal para el que la ley autoriza de forma directa la aplicación de este aumento adicional, Hacienda ha dictado una serie de instrucciones comunes que recoge en la mencionada resolución del BOE.
Así, establece que esa subida adicional del 0,5% se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, tendrá efectos desde el 1 de enero de 2023 y se abonará en la nómina del mes de febrero de 2024, salvo que no se disponga de todos los elementos formales necesarios o no pueda efectuarse por motivos técnicos, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.
Los atrasos de los meses de enero a diciembre de 2023, correspondientes al incremento del 0,5% se abonarán en los mismos términos, es decir, en la nómina de febrero o en la primera en que sea posible.
En lo que respecta al personal funcionario y estatutario del sector público estatal, altos cargos y personal directivo, en caso de que no hubieran cambiado de destino, los atrasos correspondientes al incremento del 0,5% se liquidarán de oficio por el ministerio, organismo o entidad en el que se encuentre prestando servicios.
Si hubieran cambiado de destino dentro del sector público estatal, con o sin variación de la naturaleza jurídica de la relación de servicios, estos atrasos se liquidarán por el centro que abonó las retribuciones, previa petición del interesado.
También tendrán que solicitar el pago de estos atrasos quienes hayan cambiado de destino a una administración pública distinta y aquellos que no estuvieran en servicio activo o que hubieran perdido la condición de empleado público dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el último día del mes anterior al pago de los atrasos.
Si el empleado hubiera fallecido en ese mismo periodo, la petición podrán formularla sus herederos.
La liquidación de atrasos se practicará en los mismos plazos y condiciones señalados anteriormente al personal laboral cuyo convenio colectivo establezca la forma en la que debe aplicarse el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y al personal laboral no acogido a convenio.
Para el personal laboral distinto a estos dos supuestos, la liquidación de atrasos se realizará en la primera nómina del mes posterior a la finalización de los trámites exigidos en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Las cuantías de las retribuciones del año 2023 una vez aplicado el aumento adicional del 0,5% estarán disponibles en el portal de la Administración Presupuestaria, según consta en la resolución.
SUBIDA PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Aunque las instrucciones de esta resolución conciernen a los empleados públicos del sector público estatal, esta subida adicional la recibirán también el personal de las comunidades autónomas y corporaciones locales, en total cerca de 3,5 millones de empleados públicos.
El incremento retributivo tendrá un coste de 818 millones de euros en total, según cálculos de Hacienda.
Esta subida adicional del 0,5% responde al acuerdo firmado por el Gobierno con CCOO y UGT que vinculaba este aumento salarial a la evolución del PIB nominal de 2023.
Dicho acuerdo con los sindicatos establecía que las nóminas de los empleados públicos se elevarían en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, del 0,5% cada una.
La primera, que ya se aplicó, estaba vinculada al IPCA, mientras que esta segunda subida del 0,5% se ha puesto en marcha al superar el PIB nominal de 2023 el previsto por el Gobierno.
En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó a finales de enero que el crecimiento del PIB nominal en 2023 fue de un 8,6%, por encima del 6% proyectado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.
En total, sumando estas dos subidas variables al incremento fijo del 2,5% pactado con CCOO y UGT para 2023, los salarios de los empleados públicos aumentarán un 3,5% el año pasado.
