Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estimó un recurso interpuesto por un miembro de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) por la falta de motivación en la resolución en la que le denegaba una plaza vacante.
Su defensa jurídica hizo referencia en primer lugar que hay que recordar a la Administración, la obligación de motivación de los actos administrativos. Según sostiene, "la exigencia de motivación de las actuaciones administrativas está directamente relacionada con los principios de un Estado de derecho y con el carácter vinculante que para las Administraciones publicas tiene la ley, a cuyo imperio están sometidas en el ejercicio de sus potestades".
La abogada encargada del asunto presentó recurso para que la Administración motivara y argumentara su resolución.
El tribunal le dio traslado al Abogado del Estado, el cual instó a la desestimación del recurso, insistiendo en que la vacante que solicitaba el recurrente estaba bloqueada y centrando la cuestión controvertida en analizar si es conforme a Derecho la resolución recurrida.
Finalmente, el TSJM dictó sentencia en la que se estimó la petición realizada por el Guardia Civil, por la que se anula la resolución de la Administración que resuelve la convocatoria de plazas, debiendo retrotraerse el concurso de traslado al momento inmediatamente anterior a sus resoluciones finales, a fin de que la Administración razone su resolución, además de condenar en costas a la Administración.
En palabras de la abogada encargada del asunto Vanessa Ruiz García, "la Guardia Civil debe darse cuenta que debe de motivar y argumentar sus resoluciones, ya que es cada vez más frecuente que los tribunales den la razón a los guardias civiles que solicitan no sólo que se les conteste a sus peticiones, sino que además se le dé una respuesta razonada de lo que solicitan".
