Los más de 300 participantes, representantes de 85 Tribunales y Cortes de todo el mundo, se han comprometido a velar por que las decisiones judiciales de hoy no hipotequen las libertades de mañana.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha apelado a desarrollar una jurisprudencia que garantice el derecho a la conectividad y el acceso equitativo a las tecnologías y a los sistemas de creación y distribución del conocimiento. En este sentido, ha apostado por la regulación, la responsabilidad y la transparencia de la inteligencia artificial, puesto que un uso excesivo, descontrolado e indebido puede llegar a menoscabar derechos fundamentales.
Así lo ha explicado en la inauguración de las XXXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, que este año se celebran en Tarragona sobre “Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales”.
El Presidente ha subrayado que, aunque es innegable que esta tecnología tiene la capacidad de mejorar la eficacia de las organizaciones y facilitar determinados trabajos, puede afectar negativamente a la libertad de expresión, al derecho a comunicar o recibir información veraz, a la intimidad personal, al honor, a la protección de datos personales, o al derecho a la tutela judicial efectiva.
“Los tribunales constitucionales tienen el deber de sentar las bases de una justicia tecnológica acorde con la dignidad humana”, ha resaltado, al tiempo que ha recordado que precisamente este fue uno de los temas que se abordaron la semana pasada en el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. 85 representantes de cortes de todo el mundo coincidieron en que “el uso indebido de los datos personales, la discriminación algorítmica o la vigilancia excesiva representan amenazas reales para los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.
Conde-Pumpido ha mostrado su preocupación por la denominada discriminación algorítmica, esto es, la capacidad de la inteligencia artificial de aprender prejuicios, que amplifican la desigualdad y los sesgos contra determinados grupos sociales. Entre los riesgos que plantea la inteligencia artificial, también ha mencionado la sanción que el Tribunal Constitucional impuso a un abogado por incluir en un escrito citas de jurisprudencia
constitucional inexistentes.
Ante estos temas novedosos, ha pedido una respuesta coordinada por parte de los distintos poderes del Estado, especialmente para proponer soluciones que refuercen la protección de los derechos fundamentales en la era digital.
En su discurso, ha puesto en valor la excelencia profesional de los letrados y letradas del Tribunal Constitucional y ha reconocido su contribución al plan de choque iniciado en 2023 para agilizar la resolución de los recursos pendientes y para reducir los tiempos de respuesta de los recursos de amparo. Gracias a este impulso de la justicia constitucional, se han podido dictar sentencias de gran relevancia jurídica, política, social y económica para el país. El trabajo, dedicación y rigor de los letrados, ha destacado el Presidente, constituye un claro ejemplo de compromiso con el Estado de Derecho.
En el acto ha estado acompañado por el Alcalde de Tarragona, Rubén Viñales y por el Presidente de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio García-Perrote. Asimismo, han asistido las magistradas Concepción Espejel, María Luisa Segoviano, Laura Díez Bueso y el magistrado José María Macías.
