Según han indicado fuentes de Trabajo, los pequeños cambios que se introducirán irán en la línea de introducir una mayor énfasis en que el tratamiento de datos que derive del registro tiene que ser respetuoso con la protección de datos, para anticiparse a las futuras batallas legales que la CEOE ya ha indicado que dará, o dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de establecer mecanismos de adaptación de las obligaciones de registro a sus distintos ámbito.
Sin embargo, dichas fuentes han recalcado que no van a introducir ningún cambio para que el registro sea más laxo en el caso de las pequeñas empresas, ya que esto generaría una discriminación en relación a las grandes empresas, y han asegurado que la norma ya contempla que las pymes estén acompañadas en el proceso de introducir una mejora del registro horario en referencia a la afirmación del ministro de Economía, Carlos Cuerpos, de que hay que ayudar a las pymes a la hora de implantar la nueva norma.
Trabajo ha aseverado que no van a hacer la propuesta que el Ministerio de Economía quiere, ya que el objetivo de la norma es vigilar un cumplimiento efectivo de las 40 horas semanales y que no haya abuso de las horas extraordinarias.
En esta línea, ha calificado de demoledor y desafortunado el informe del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de control horario, en el que el órgano consultivo ha criticado, entre otras cuestiones, la falta de adecuación por sectores del nuevo registro horario, la carga extra que va a suponer para las pymes, así como que el proyecto se quiera aprobar vía Real Decreto y no con una norma con rango de ley.
Desde la cartera de Yolanda Díaz han afirmado que el informe, que no es vinculante, copia los argumentos del Ministerio de Economía y de la patronal española y que se excusa en el derecho a la intimidad y la protección de datos para posicionarse en contra del registro horario, una norma que es obligatoria desde hace más de 10 años y que en el 90% de los casos ya existe un registro digitalizado.
Aunque no hay una fecha de cuándo se aprobará este texto en el Consejo de Ministros, sí que han indicado desde el Ministerio de Trabajo que la norma seguirá su trámite normal y que en las próximas semanas saldrá adelante.
Sobre los plazos, Trabajo ha recalcado que el texto recoge que, una vez haya entrado en vigor la norma, se deberán establecer unas normas técnicas sobre el registro para lo que se da un plazo de seis meses para que las empresas se adapten a las mismas y no sólo 20 días.
