Una postura que defienden tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, como el Foro Judicial Independiente (FJI), al ser consultadas por Europa Press sobre la situación de los solicitantes de asilo en España en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta.
Dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, en la que 83 personas perdieron la vida, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, pidió al Gobierno central que desestime las solicitudes para obtener el derecho al asilo de los migrantes que lo hayan pedido.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) indica que el ordenamiento jurídico permite endurecer y acelerar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en frontera.
"Lo que no permite nuestro ordenamiento es decidir de antemano que toda persona que haya entrado irregularmente verá denegado el asilo. Cada solicitud debe poder ser examinada, porque detrás de una entrada irregular puede existir una persona que reúna realmente los requisitos para obtener protección internacional", subrayan fuentes de la asociación a Europa Press.
Entrar irregularmente no elimina el derecho a pedir asilo
Así, recuerdan que "una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional". "Son dos planos jurídicos diferentes", rematan.
Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, incide en que aunque las peticiones de asilo las tiene que resolver el Ejecutivo, se trata de "una figura pensada para estudiarla caso a caso".
"Sólo habría de concederse asilo a quien cumpla los requisitos, pero sin que parezca procedente acordar denegaciones en masa", detalla García Ceniceros en conversación con Europa Press.
