ASPAC ha sido muy activo en propuestas para la mejora de la nueva Ley Concursal. Así, destacan como uno de los grandes logros del texto la reducción del ámbito de alcance del procedimiento especial a los parámetros propuestos por ASPAC. Este es un punto muy importante teniendo en cuenta que, con la propuesta anterior, dicho procedimiento aplicaría a un porcentaje de prácticamente el 90% de las empresas que presentan concurso.
Otro aspecto esencial en el que la Asociación ha estado poniendo el foco es la mejora de las condiciones de la Segunda Oportunidad. Diego Comendador, presidente de ASPAC, señala que exigieron que se pusieran en valor los datos estadísticos del crédito público y, finalmente, estas cifras son las que han servido para configurar las cuantías de la exoneración de este tipo de crédito. Este ha sido uno de los puntos más polémicos a lo largo de la tramitación del Proyecto y desde la Asociación se muestran satisfechos de haber logrado “unas condiciones más justas que realmente permitan tener acceso a la segunda oportunidad, puesto que la no exoneración del crédito público suponía una barrera para salvar empresas viables”.
El ”castigo” de reducción de los honorarios de los administradores concursales, a criterio del juez
ASPAC publicaba recientemente un informe que desmentía el falso mito de sus elevados honorarios, mostrando que hay incluso concursos en los que los costes superan a los beneficios. Así, criticaban además que el nuevo Proyecto de Ley llegaba en forma de penalización a los profesionales de la insolvencia, imponiéndoles la culpa de la duración de los concursos y “castigándoles” a través de la reducción de su remuneración.
Ahora, con las enmiendas introducidas en el Proyecto, se modifica el artículo 86, que suponía la penalización de los honorarios de los administradores concursales en caso de superar los seis meses de liquidación, un plazo que se ha incrementado hasta los 8 meses. Además, será el criterio del juez el que defina la imputabilidad de la Administración Concursal en cada caso.
Unai Olabarrieta, vicepresidente de ASPAC, se muestra optimista y afirma que “desde la Asociación hemos trabajado incansablemente con los grupos parlamentarios para mejorar el texto inicial que se presentó el año pasado. Después de meses de mucho esfuerzo, podemos decir que se han logrado grandes avances teniendo en cuenta la opinión de los expertos, aunque somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer.”
Un impulso para la especialización de la profesión
Desde ASPAC han venido exigiendo desde hace años la creación de un Estatuto de la Administración Concursal que permitiese regular la profesión y fomentar la especialización de los administradores concursales. El primer texto del Proyecto Concursal, sin embargo, supuso una gran incertidumbre en lo que respecta a las figuras profesionales, cuya definición se planteaba de forma confusa y sembraba dudas en el “quién hace qué” de los procedimientos de insolvencia, lo que provocó intensas críticas en el sector.
Las últimas modificaciones introducidas en el Proyecto suponen en este sentido una mejora que celebran desde ASPAC. Para los nombramientos, en el caso de existir suficientes inscritos en el listado, no podían ser nombrados administradores concursales ni auxiliares delegados aquellas personas que hubieran sido nombradas para cualquiera de esos cargos en más de 20 concursos que estuviesen en tramitación en la fecha del nombramiento.
Además, con respecto al acceso a la profesión, se modifica el artículo 61, de forma que quedan exentos de realizar la prueba aquellos profesionales que acrediten la experiencia exigida.
Los Administradores concursales como expertos en reestructuraciones
Por último, la Ley aprobada recoge la reivindicación de ASPAC en torno a la nueva figura que la ley crea, el experto en reestructuraciones. Así, se ha modificado el artículo 674, incluyendo entre las condiciones para ser nombrado experto en reestructuraciones el contar con experiencia en reestructuraciones o acreditar cumplir con los requisitos para ser administrador concursal.
El «Congreso Concursal 2022» de Lefebvre se celebra el próximo 29 de septiembre y será clave para conocer cómo ha evolucionado el proyecto de ley del Gobierno, las modificaciones en distintas instituciones concursales y el cambio de modelo en la gestión de la insolvencia en el que se diluye la intervención judicial o se potencian los acuerdos que evitan liquidaciones concursales.
