Según la Orden, para la apertura de piscinas, el aforo máximo permitido será del 30%. Sin embargo, el CGCAFE señala que la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo y no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.
Otro de los requisitos es que se deberá obtener cita previa y se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. Pero para el CGCAFE, no es posible gestionar citas previas sin personal y se necesita un teléfono, por lo que la mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos.
Asimismo, la Orden establece que en las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios, mediante señales en el suelo limitando los espacios. En este sentido, el CGCAFE expone que si se marcan área de uso reservado para cada persona y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso, el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que disparará los costes del servicio en proporción al número de usuarios.
Por todo ello, el presidente del CGCAFE, Salvador Díez, asegura que han vuelto a proponer al Gobierno que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales para facilitar la adopción de acuerdos, facilitando la flexibilización de los requisitos para la toma de decisiones, el aumento de plazos para la celebración de las reuniones y que se confirme a los propietarios que actualmente ocupan cargos. De este modo, se resolverían "muchos de los problemas actuales", tanto para la apertura de piscinas como para el resto de los problemas planteados en las distintas fases de la desescalada.
