Antonio Garamendi: "La subida del SMI no es una medida positiva para la economía, pero hemos frenado un impacto mayor"
Entrevistamos al presidente de CEO Antonio Garamendi en el marco de la celebración del Congreso Laboral de Lefebvre el próximo 17 de marzo.
Antonio Garamendi Lecanda (Getxo, Vizcaya, 1958) es empresario español y presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde el 21 de noviembre de 2018. Además, fue presidente de CEPYME (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) entre los años 2014 y 2018. Desde muy joven se dedicó al mundo de la empresa en una triple vertiente: negocios familiares, proyectos iniciados por él mismo y presencia en los Consejos de Administración y Consejos Asesores de grandes empresas.
En la actualidad, su actividad empresarial privada se centra en los sectores del metal, construcción, inmobiliario, seguros y hostelería, participando como accionista o consejero en distintas empresas. Además, es consejero independiente y vicepresidente de AENOR INTERNACIONAL, y presidente de la Comisión de nombramientos y retribuciones.
Comenzó desde muy joven su participación en las organizaciones empresariales, lo que le llevó ser el presidente fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (AJEBASK), de la cual pasó a convertirse en presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y, poco más tarde, presidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (CIJE).
¿Nos puede aportar su valoración sobre el acuerdo de subida del SMI. ¿Se considera satisfecho del acuerdo o considera necesario que se ponga en práctica un incremento progresivo del 60% en los próximos años tal y como se habría reflejado en el preacuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos?
En primer lugar, hay que recordar que la subida del SMI es una competencia exclusiva del Gobierno y no está obligado a negociarla. En ese sentido, que hayamos podido hacerlo nos ha permitido frenar una subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros, como se planteaba inicialmente. Consideramos que los 950 euros pueden tener efectos negativos sobre el empleo en sectores concretos como el agrario o en el caso de las empresas contratistas de la Administración, a las que no les permiten repercutir esta subida en los contratos firmados, estrechando al máximo así sus márgenes. Dicho esto, no consideramos que la subida sea una medida positiva para la economía, pero al menos hemos frenado un impacto mayor. Del mismo modo, fruto de esa negociación con sindicatos y el Ministerio de Trabajo, este ha accedido a no establecer de momento una senda de subida, después de que hayamos defendido que en plena desaceleración no es recomendable adoptar compromisos para escenarios económicos a largo plazo que aún no conocemos.
Hemos comprobado en declaraciones que ha realizado en los medios d comunicación que el vicepresidente Pablo Iglesias ha sido una parte importante de este acuerdo. ¿Nos puede adelantar si desde el Gobierno existe alguna prioridad sobre la puesta en práctica de medidas laborales que ustedes hayan planteado con anterioridad?
Siempre decimos que hay que hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa, que se puede hablar de todo si es para mejorarlo. Pero ahora mismo, los planes del Gobierno deberían preguntárselos a ellos. Nosotros insistimos en que estamos abiertos a un diálogo real y constructivo para tratar de avanzar en las reformas que creemos que son las más necesarias, como el impulso de la formación dual o el impulso definitivo a la innovación, que revierten directamente en uno de los principales problemas que arrastra la economía española, que es el estancamiento de la productividad.
El despido y, en concreto, la revisión de las causas del despido es uno de los temas de esta revisión laboral por parte del Gobierno. ¿Qué opinión le merece la derogación del despido por bajas médicas?
Quiero dejar claro que no se trata de despedir a nadie por el hecho de estar enfermo. Ese artículo concretamente estaba pensado para empresas muy pequeñas en las que esta eventualidad, en cambio, podría poner en jaque a todo un negocio, como un pequeño establecimiento de comidas. Dicho esto, su uso ha sido residual y quizás por ello ni gobiernos ni sindicatos han reparado en este artículo durante sus casi 40 años de existencia, porque la reforma laboral solo lo retocó y además en positivo, excluyendo enfermedades graves y embarazos, por ejemplo.
En cualquier caso, creemos que se ha perdido una oportunidad para abrir un diálogo constructivo, tal y como asegura el Gobierno que quiere hacer, para hablar de alternativas y también para abrir el foco y plantear otros asuntos relacionados como el fraude en el absentismo, que no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores que lo sufren a su alrededor.
La subida del SMI resultaba, según la ministra Yolanda Díaz, del diálogo con los agentes sociales, en concreto de la reunión con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Sin embargo, las críticas han surgido ante un posible incremento de despidos en empresas privadas. ¿Cuál es su opinión sobre este efecto negativo del incremento del SMI?
Solo decir lo que ya comentaba anteriormente en referencia al campo y las empresas contratistas del Estado. Insistir también que la economía española se adentra en una desaceleración, en la que puede que algunas empresas hayan empezado a tomar decisiones sobre sus plantillas, y en la que precisamente revertir reformas para hacer que las relaciones laborales sean más rígidas y para limitar la capacidad de adaptación de las empresas al nuevo ciclo nos parece que es un error.
Quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre la iniciativa el Congreso Laboral de Lefebvre del próximo 17 de marzo en un año en que el Gobierno ha anunciado una probable reforma del Estatuto de los Trabajadores, una revisión de las causas del despido, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial, falsos autónomos, cooperativistas y becarios.
Creo que es necesario dejar hablar a los expertos, hacer análisis rigurosos, escuchar a todos y ponerse en el lugar del otro para que aquello que queramos hacer sea la mejor opción posible, en el ámbito laboral o en el que sea. En este sentido, creo y espero que la iniciativa será muy positiva y constructiva.
España es el país de la OCDE con menor porcentaje de trabajadores mayores de 65 años aún en activo, apenas el 2,1% a finales de 2018 frente al 11% que contabilizaban de media el conjunto de sus países en ese mismo año, según detalla Crédit Suisse. Este estudio refleja la necesidad de efectuar un “replanteamiento urgente” de los sistemas de jubilación y alerta de que el problema es común dada la tendencia al envejecimiento progresivo de la población. ¿Considera imprescindible modificar el sistema de jubilación español y establecer un nuevo límite en la edad de jubilación de los españoles?
El futuro de las pensiones es un tema muy serio, es una cuestión de Estado. Por eso, creemos que las propuestas, soluciones o alternativas se deben discutir en el foro que le corresponde, que es el Pacto de Toledo. Nosotros estaremos encantados de aportar nuestra visión cuando corresponda, pero solo podemos decir de momento que es algo que hay que abordar desde la prudencia y la responsabilidad.