La nueva senda, que actualiza la aprobada en 2017, se adecúa a la realidad económica de España y permite avanzar en la reducción del déficit y la deuda pública sin poner en riesgo el crecimiento ni la creación de empleo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha resaltado que los objetivos de estabilidad aprobados son "prudentes y realistas" al tiempo que configuran una senda más transitable, lo que hace compatible el saneamiento de las cuentas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea, con el fortalecimiento del Estado de bienestar y la recuperación de derechos de los ciudadanos.
Asimismo, la nueva senda de estabilidad sienta las bases para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2020, que incluirán las prioridades del Gobierno para impulsar las políticas redistributivas y los servicios públicos de calidad, además de apostar por la justicia social y fiscal bajo la premisa de no dejar a nadie atrás.
En concreto, tras completar el trámite parlamentario, el objetivo de déficit en 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas queda fijado en el 1,8% del PIB. Por subsectores, el límite de la Administración Central es del 0,5%; para las Comunidades Autónomas del 0,2%; para la Seguridad Social el 1,1%; y equilibrio presupuestario para las Entidades Locales.
Con esta distribución, el mayor esfuerzo fiscal recae en la Administración Central, que reducirá su déficit desde el 1,32% registrado en 2018, al 0,5% en 2020. Es decir, una rebaja de ocho décimas en dos ejercicios. Por su parte, la Seguridad Social tiene que reducir su déficit del 1,44% al 1,1%, lo que implica una disminución de tres décimas. Sin embargo, el esfuerzo exigido a las Comunidades Autónomas es menor, de apenas una décima.
Por su parte, la senda de estabilidad del período 2021-2023 establece un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 1,5% en 2021; del 1,2% en 2022; y del 0,9% en 2023.
El reparto por subsectores implica que la Administración Central reduce su déficit hasta quedar en el 0,1% en 2023. Las Comunidades Autónomas rebajan su déficit una décima cada año hasta lograr el equilibrio en 2022 y 2023. Para las Entidades Locales se contempla equilibrio presupuestario durante todo el período 2021-2023. Por último, la Seguridad Social reducirá de forma más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,8% del PIB en 2023.
Deuda pública y regla de gasto
Asimismo, la ministra ha destacado en su intervención que España seguirá reduciendo la deuda pública después de haber cerrado 2019 en el 95,5% del PIB, el nivel más bajo desde 2012. Este importante descenso ha permitido cumplir el objetivo del 95,9% gracias a una reducción de 2,1 puntos porcentuales, el mayor ritmo de reducción desde 2007.
En concreto, el objetivo de 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas se establece en el 94,6% y se reducirá hasta quedar por debajo del 90% (89,8%) en 2023.
Por último, el acuerdo ratificado en el Senado contempla la tasa de variación a efectos de cumplimiento de la regla de gasto que será del 2,9% en 2020 y se incrementará hasta alcanzar el 3,3% en 2023.
