¿Debe admitirse la asistencia letrada -designada de oficio al detenido- en un ulterior juicio por delito leve, sin la comparecencia del denunciado?

En los últimos años se han dado resoluciones judici...

En los últimos años se han dado resoluciones judiciales contradictorias o encontradas en relación con la posibilidad que tendría un abogado del turno de oficio de comparecer e intervenir en un juicio oral por delito leve-de los que no exigen designación de abogado ex art.967.1 párr.1º -EDL 1882/1-.

La SAP Madrid que se cita en el planteamiento resulta relevante desde el prisma con que modestamente abordo esta cuestión no porque resulte plenamente coincidente en la diferenciación de los escenarios de que a mi juicio debe partirse para dar respuesta a la cuestión, sino porque el criterio que sostiene viene a abrigar la conclusión que aquí mantengo y que se basa en las siguientes consideraciones.

Dos son los escenarios a mi juicio posibles en cuanto a la atribución al detenido de una defensa letrada: -i- en primer lugar, detenida una persona y puesta a disposición judicial, es seguro que ante una falta de designación del abogado que la LECrim. impone, se asignará a aquél ex art.520.5 de la ley procesal -EDL 1882/1-, un abogado del turno de oficio. Es ésta una asignación de letrado preceptiva, imperativa u obligatoria que, en mi opinión, no tiene vocación de permanencia y se orienta, tan sólo, a cumplir con los trámites referidos en las letras a a d del apartado 6 de dicho precepto legal. -ii En segundo lugar, y de acuerdo con lo dispuesto en el art.520.2 ap. j LECrim -EDL 1882/1-, nada impediría a la persona detenida desde el mismo momento de su detención, hacer uso de su derecho a la asistencia jurídica gratuita si estimara concurrir en él las condiciones y los requisitos necesarios para ello. En tal caso, y en mi modesta opinión, no estaríamos ante un supuesto de asignación de letrado por imperativo legal para asistir al detenido durante la detención y los momentos inmediatamente posteriores a ella, sino ante una designación voluntaria de abogado por parte del detenido una designación innominada, es cierto, pero una designación al fin y al cabo en la medida es que su elección es el resultado del ejercicio de un derecho reconocido en la Ley a hacer uso de un mecanismo de designación de abogado como es la asistencia jurídica gratuita.

En este segundo escenario, la designación de abogado sí tiene en mi opinión una vocación de durabilidad y permanencia cuyo alcance va mucho más allá de las facultades del abogado asignado de oficio al detenido para una primera asistencia letrada. Se trata de una designación atributiva a los abogados de obligaciones profesionales que, como señala el art.33.1 RD 141/2021 de 9 marzo -EDL 2021/5907-, se extenderán, incluso, hasta la fase de ejecución si ésta se iniciara dentro de los dos años siguientes al dictado de la resolución que recayera en la instancia.

Esta diferenciación entre la asignación obligatoria de abogado impuesta por el art.520.5 LECrim. -EDL 1882/1 y la designación de letrado mediante el ejercicio del derecho que el art.520.2 ap. j reconoce, no es caprichosa. Resulta precisamente, de su regulación en dos apartados diferentes de una misma norma. También resulta de la distinta naturaleza que debe atribuirse a la designación de abogado mediante el servicio de asistencia gratuita-plenamente equiparable a la elección de uno privado por quien dispone de recursos económicos para ello con respecto a quien, por no hacer uso de ese derecho, se ve en la situación de ser asistido por un abogado provisionalmente asignado ante una situación de pasividad en la designación que la Ley procesal no permite.

A partir de esta distinción que estimamos esencial, la respuesta a la cuestión planteada debe ser necesariamente diferente.

En el primer caso, no estimamos en absoluto que un abogado asignado a un detenido con el fin de asistirle en su detención interviniendo en las primeras diligencias que tras ella se practiquen, quede habilitado para detentar su defensa letrada tras la incoación de un procedimiento penal. Esa primera asistencia letrada tiene un alcance limitado y circunscrito a las actuaciones que el art.520.6 LECrim. -EDL 1882/1 señala. Lo contrario, es decir, sostener la legitimidad de dicho letrado asignado para asistir al detenido para intervenir en un juicio posterior al que el denunciado ni siquiera asiste, supondría trasladar a un abogado que jamás fue elegido por el acusado la capacidad para decidir por él, no ya el modo en que se va a defender, sino el hecho mismo de su defensa. No se olvide, que en este caso estaríamos ante un delito leve en el que la celebración del juicio oral no exige la presencia de letrado. Y en este sentido, la ausencia del denunciado no impediría la celebración del plenario-ex art. 971 LECrim  sin que su inasistencia ni la de un abogado que le defienda implique fraude procesal alguno ni pueda calificarse como un artificio orientado a impedir la acción de la Justicia.

Por tanto, la inasistencia del denunciado en este caso, habrá de ser resuelta en mi opinión mediante la celebración del juicio sin una efectiva defensa porque nunca la designó y la incomparecencia de la parte debidamente citada, vendría a evidenciar su voluntad de no defenderse.

En el segundo caso, por el contrario, la designación del abogado tiene un alcance claramente mayor. El art.33.1 RD 141/2021 de 9 marzo -EDL 2021/5907 dispone que &ldquoLos abogados y procuradores designados de oficio desempeñarán sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en esta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.&rdquo

Pero es que, además, el hecho mismo de haber acudido el en su día detenido al procedimiento de designación de letrado por la vía de la asistencia jurídica gratuita, es un acto en sí mismo revelador de una voluntad de ser defendido ante un eventual proceso. Ningún sentido tiene circunscribir la actuación del letrado designado por la vía de la asistencia jurídica gratuita a las primeras diligencias tras la detención, pues para ser asistido en tales actos bastaría adoptar una actitud de pasividad determinante de la operancia de la asignación forzosa a que se refiere el art.520.5 LECrim -EDL 1882/1-.

Es por tanto evidente, que la utilización por el detenido de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, implica una manifestación externa de su voluntad de ser asistido de letrado. La misma manifestación que en personas que gozan de recursos económicos suficientes para la designación de un abogado privado, lo eligen de manera libre con el fin de ser defendidos por él sin perjuicio de las renuncias o cambios de abogado que de manera frecuente se producen a lo largo de los procesos.

Por lo tanto, en este segundo escenario, la asistencia de un abogado previamente designado-que no asignado a la celebración del juicio oral acompañado de una inexistente renuncia a su intervención por parte de quien provocó su nombramiento mediante el mecanismo de la asistencia jurídica gratuita, será la de quien de manera efectiva y real tiene formalmente encomendada la defensa letrada de la parte, debiendo por tanto poder intervenir en el plenario tanto si el acusado comparece como si no lo hace ex art.971 LECrim -EDL 1882/1-.

A este segundo escenario es al que se refiere la SAP Madrid 23 abril 2021 cuando, para declarar la nulidad del juicio celebrado a causa de la prohibición al letrado de intervenir en él, proclama que:

&ldquoEllo conduce, de modo indiscutible, ex art.24.1CE -EDL 1978/3879 "in fine" a que en el ejercicio de la tutela judicial no "pueda producirse indefensión" y a que debe tenerse en cuenta, que el art.6.3 de la Ley 1/1996, de 19 de enero de asistencia jurídica gratuita -EDL 1996/13683-, reconoce la "Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso", extremo este último que concurrirá cuando una parte carece de abogado y la otra parte actúa a través del Ministerio Fiscal o de letrado, por lo que a fin de preservar dicho principio de igualdad de partes, en ese caso el órgano judicial debe proveer a nombrar abogado y procurador de oficio, aunque la ley no lo exija estrictamente, impidiendo que se celebreun juicio en tales condiciones de desequilibrio. -&hellip-

En el caso que se examina, el delito leve de hurto previsto en el art.234.2 CP  -EDL 1995/16398-, está castigado con una pena cuyo límite máximo es tres meses de multa, por lo que con independencia de que en el presente juicio la intervención de letrado no sea preceptiva, no consta que en ningún momento el denunciado a quien se designó letrado de oficio, y que acudió al plenario en su representación, haya renunciado a él.

En definitiva, estimo que la solución a la cuestión planteada pasa por establecer una clara diferenciación en el modo en que se determine el letrado de oficio que actuará en defensa de los intereses del detenido, y por la distinción entre la designación de abogado-sea por la vía de la asistencia jurídica gratuita sea por la vía de elección privada de quien dispone de recursos para ello y la asignación al detenido ante una situación de pasividad proscrita por el Derecho. A partir de ahí, estimo que el alcance de las facultades reconocibles a cada respectivo profesional queda perfectamente delimitado y circunscrito tanto por las normas procesales como por la propia naturaleza del sistema de designación empleado.

Antes de entrar en el examen de la cuestión, es preciso recor...

Antes de entrar en el examen de la cuestión, es preciso recordar que el procedimiento para enjuiciar los delitos leves está recogido en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, donde no se exige la obligatoria intervención de abogado en los juicios por delito leve, salvo que dicho delito leve lleve aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, en cuyo caso se aplicarán las reglas generales de defensa y representación, conforme se establece en el art.967 LECr.  -EDL 1882/1-.

En la cuestión que se plantea respecto al supuesto de la intervención en juicio de letrado que siendo designado por el turno de oficio para asistir al detenido que pasa a juzgado de guardia. Y tras ello, si se incoa un procedimiento para enjuiciamiento delito leve, se cuestiona si ante la incomparecencia del denunciado, debe admitirse en juicio la intervención del letrado.

En primer lugar, hemos de manifestar que el órgano judicial está obligado a informar desde el inicio del procedimiento que, si bien no es preceptivo nombrar abogado, las partes podrán hacerlo si lo desean, en cumplimiento del art.967.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-. Con este deber de información el órgano judicial garantiza el derecho de defensa de las partes, siendo a partir de este momento una decisión de cada uno contratar o solicitar de oficio, o no, al letrado. Pero parece oportuno recordar que el derecho de defensa no es fraccionable, abarca en términos generales a todo individuo y a todo procedimiento. La STC núm. 22/2001 de 29 enero -EDJ  2001/469 proclamaba que «en la citada STC 92/1996, de 27 mayo -EDJ 1996/2474-, se afirmó que «el hecho de que la intervención de letrado no sea preceptiva en ese proceso determinado, con arreglo a las normas procesales, no priva al justiciable del derecho a la defensa y asistencia letrada que le reconoce la ley, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del abogado en ciertos procedimientos no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo, en consecuencia, el derecho de asistencia letrada incólume en tales casos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes». Ahora bien, siendo cierto lo anterior, no lo es menos, y este Tribunal también lo ha señalado reiteradamente, que quien alegue indefensión como consecuencia de la vulneración del derecho a la asistencia de letrado , no ha de haber provocado dicha situación con su falta de diligencia, así como que dicha indefensión debe ser real y efectiva de forma que la situación de indefensión generada por la falta de defensa técnica no resulte ser consecuencia directa del proceder de la parte y además la autodefensa del litigante debe haberse revelado como insuficiente y perjudicial para el mismo, impidiéndole articular una protección adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso».

En relación al caso que se plantea parece que la solución pudiera ubicarse en la L 1/1996, de 10 enero -EDL 1996/13683-, de asistencia jurídica gratuita, y en concreto en su artículo 7, relativo a la extensión temporal, que establece: 1. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.

Sin embargo, parece contradictorio que quien ha sido designado de oficio en el seno de incoación de diligencias previas o procedimiento de diligencias urgentes, no pudiera serlo para intervenir en un juicio por delito leve. Quien puede lo más, puede lo menos.

Y, en relación a la intervención del letrado en ausencia del denunciado, parece posible, por cuanto, cumplidos los requisitos exigidos por la norma para ser tributario de asistencia jurídica gratuita, ya ha optado a no auto defenderse, sino a confiar su tutela a un profesional de una materia que para el justiciable, es generalmente, desconocida.

Entre ambas situaciones parecería razonable que en un caso como en que se aborda el interesado debería comunicar este cambio de procedimiento y adjuntar la documentación de las actuaciones realizadas, a la Comisión de Turno de Oficio para que adoptase la decisión que corresponda y, en su caso, el departamento de turno de oficio se encargase de proceder a la justificación. Si estuviera justificada su presencia, nada obsta para que el letrado intervenga en el procedimiento de enjuiciamiento por delito leve, pese a la ausencia de su cliente.

La cuestión por la que se nos pregunta, exige combinar en el ...

La cuestión por la que se nos pregunta, exige combinar en el análisis de su solución, el derecho a la tutela judicial efectiva, y especialmente el derecho de defensa, contemplados en el art.24 de nuestra Constitución -EDL 1978/3879-, a lo que debemos añadir todo el bagaje de Defensa que se contempla muy especialmente en el art.520 LECrim -EDL 1882/1 y su desarrollo mediante la LO 13/2015 de 5 de octubre para el fortalecimiento de las garantías procesales  -EDL 2015/169144-. Dicho lo anterior, debemos de partir de la premisa en mi modesta opinión, de que la designación del letrado obviamente por el turno de oficio, pues si estuviéramos en presencia de una designación nominativa por parte del investigado ningún problema se suscitaría, lo es a los solos efectos de su asistencia ante el juzgado de guardia, por encontrarse en situación de detenido con arreglo al art.520 LECrim -EDL 1882/1-. Para empezar, se plantearía también un problema económico, pues lo normal es que el Colegio de Abogados tramite la remuneración de la asistencia bien con el Ministerio de Justicia o con las Comunidades Autónomas donde ello esté trasferido, y dicha remuneración no tiene por qué coincidir con la que se otorga cuando se asiste en juicio oral. Ello no es un tema baladí, y lo que desde luego no es posible, es que se remunere la actuación del abogado en un juicio por delito leve, cuando dicha actuación no es preceptiva, a salvo lógicamente los supuestos específicos en que el propio juzgado de instrucción haya recabado la designación de un abogado del turno de oficio para la celebración del juicio.

Si tras la asistencia en comisaría el detenido es puesto a disposición judicial y el Juzgado le incoa un procedimiento por delito leve, el abogado designado en la guardia no tiene que asistirlo en dicho Juicio, salvo que el Juez dicte un Auto motivado para la asistencia letrada. En ese caso el letrado designado será el que le haya asistido en la guardia. Tras dicho Auto el letrado tendrá que asistir al Juicio aunque no se persone el acusado. El Abogado que asista en un juicio leve sin dicho auto motivado no se le abanara el servicio por el Turno de Oficio y ello, no es dato irrelevante pues no es imaginable que un abogado acuda a asistir a nadie sin remuneración ni representación alguna.

Con arreglo a lo anterior, considero que el abogado que asistió al detenido, y que sin una designación expresa acude al juicio oral, no es quién para intervenir en el mismo. Y no lo es porque adolece de representación alguna por parte del denunciado por no haber sido designado por él, y tampoco por turno de oficio expreso para la celebración del juicio, a lo que habría que añadir la concesión del beneficio de Justicia Gratuita. Ante dicha situación, nos encontraríamos ante un profesional que no cuenta con postulación y que interviene en el juicio oral, por decirlo de una manera gráfica como si de un espontáneo se tratara, pues ni ha sido designado por el denunciado, ni ha sido designado a tal efecto por el Colegio de Abogados correspondiente a instancias del juzgado instructor, lo que le convierte en una persona que no guarda relación alguna con la causa que se ventila en dicho procedimiento, con lo que en mi modesta opinión no se le puede dejar intervenir en el juicio, como si el denunciado estuviese allí presente y le hubiera otorgado su representación procesal a efectos de ejercer el derecho de defensa. Dicho de otra forma, nos tendremos que preguntar en base a qué interviene en ese plenario concreto, y como no tenemos respuesta a dicha interrogación, a mi juicio ese abogado no puede intervenir en ese procedimiento.