Se trata de un texto con 84 medidas y la modificación de hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas, con la que se materializan numerosos compromisos incluidos en ese Plan Estatal impulsado en el verano de 2025.
Este anteproyecto está basado en los cinco grandes ejes de la estructura de la estrategia frente a la corrupción: la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; la investigación, la acción de la Justicia y las sanciones; sensibilizar a los ciudadanos; la recuperación de activos y la protección de los informantes, principios que cuentan con el aval de la OCDE, que ha colaborado en los trabajos para su diseño con asesoramiento y apoyo metodológico.
La norma presenta importantes novedades: se crean nuevos organismos, se amplían las competencias de otros y se establece una mayor transparencia en determinados ámbitos como es el de los partidos políticos. El anteproyecto aprobado complementa otras iniciativas puestas en marcha como la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, que no estaba en el Código Penal; la Ley de Protección del Informante y la Autoridad Independiente para la protección de personas que denuncian hechos corruptos; o el Plan de Acción por la Democracia, que aporta más transparencia y rendición de cuentas para quienes tienen responsabilidades públicas.
Este anteproyecto surge del trabajo de varios ministerios en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Afectará a todos los ámbitos en los que existan riesgos, como los de contratación, subvenciones, la externalización de servicios públicos básicos, la normativa o los recursos humanos. Su ámbito de actuación incluye medidas para todas las administraciones públicas, ya sea estatal, autonómica o local, por lo que tendrá una aplicación integral con la que se busca incrementar la confianza de la ciudadanía, la lucha contra el fraude en todos los ámbitos y ser la primera línea de defensa de los fondos públicos.
Agencia Independiente de Integridad Pública
El anteproyecto recoge la creación de la denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, un nuevo organismo clave en la estrategia contra la corrupción. Será una autoridad administrativa que ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas. Para ello, integrará tres departamentos clave para las buenas prácticas y la persecución de aquellas que no lo sean, facilitando así una mejor coordinación y una mayor eficacia, aunque siempre respetando la especialización de cada área.
Las tres organizaciones que aglutinará la nueva Agencia de Integridad Pública serán la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), responsable de velar por evitar las incompatibilidades de los cargos públicos y que asumirá nuevas competencias sobre los grupos de interés; la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que verá reforzado su papel con este movimiento; y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que aumentará sus competencias e irá más allá de velar por los intereses financieros de la Unión Europea en España.
La creación de la Agencia y la integración de esos tres organismos servirá para mejorar la actuación contra la corrupción. Quedará garantizado, a la vez, el respeto de las calificaciones que resulten de los procedimientos de investigación y la atribución de la condición de protegida a toda persona que haya comunicado a través de canales internos o externos de comunicación hechos susceptibles de ser fraudulentos.
Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, será nombrada tras un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso. El responsable de ésta tendrá un mandato único de seis años no renovable, condiciones similares a las de otras instituciones clave para el sistema democrático.
Control sobre partidos políticos
La ley incrementa la vigilancia sobre la gestión económica de los partidos políticos. Así, todos los partidos y sus fundaciones deberán hacer una auditoría externa de manera obligatoria si reciben más de 50.000 euros de fondos públicos. El resultado de la misma deberá presentarse junto a sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Si no se cumple, se considerará que sus cuentas están incompletas.
También cambia el límite que obliga a publicar las donaciones que reciben los partidos políticos, que pasa de 25.000 euros a 2.500 euros. El plazo para publicar esos datos será de un mes.
En el ámbito de la contratación que realizan los partidos se introducen cambios para reforzar los controles. Así, cuando una formación política sea poder adjudicador, sus contratos se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público.
Para fomentar estos cambios, se endurece el régimen sancionador. Por ejemplo, no presentar la auditoría supondrá una falta grave o muy grave. En lo referido a las donaciones, no darles publicidad puede implicar una multa que sea por el doble de la cantidad no declarada.
Mapas de riesgo
La ley extiende una práctica ya utilizada en la gestión de los fondos europeos al resto de las administraciones: la elaboración de mapas de riesgo. Se trata de una herramienta que debe detectar los ámbitos en los que existen mayores riesgos de corrupción y fraude, además de incluir novedades como la identificación de los peligros asociados a la gestión indirecta o externalizada de servicios públicos esenciales.
También se analizarán los riesgos derivados de la concentración del mercado, del uso de operadores dominantes, de la dependencia tecnológica o de información. Por último, incluirán las medidas a adoptar para evitar situaciones de ese tipo.
Medidas en la contratación pública
En el ámbito de la contratación pública se realizan modificaciones legales y se reforman instrumentos destinados a mejorar la detección y la erradicación de actos delictivos o fraudulentos. El objetivo es lograr un incremento de la transparencia, más control y una mayor publicidad de la información contractual. En definitiva, una exigencia de un mayor rigor en la tramitación de las licitaciones y contratos que se realicen.
Para materializarlo, la ley contempla que pase a ser público y accesible el registro de empresas con prohibiciones de contratar con las administraciones públicas. Esto permite que cualquier órgano de contratación y la propia ciudadanía puedan saber qué empresas están inhabilitadas.
Otra novedad es que, a través de la Agencia de Integridad Pública, se cruzarán los datos de diversos registros (Registro de empresas prohibidas de contratar, Registro de grupos de interés y la huella normativa) para identificar patrones de influencia indebida y posibles corruptores sistémicos. A esto se sumará la creación de comités de integridad en todos los ministerios, dando más peso a la coordinación en el control interno entre los departamentos.
Dichas medidas permitirán que la prohibición de contratar deje de ser una consecuencia formal de una condena y pase a ser un mecanismo automático de protección del sector público.
Más tecnología para detectar fraudes
Otro paso destacado es la modernización en la Plataforma de Contratación del Estado, donde la información que contiene se ampliará. Una de las grandes novedades es que se utilizarán herramientas de análisis avanzado, de Big Data y de Inteligencia Artificial para detectar patrones anómalos y prevenir conductas irregulares en las contrataciones públicas. Esta práctica se extenderá a otros ámbitos de interés, como la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
En otros procesos de control también se utilizará más tecnología para que así evolucionen a una mejor detección de posibles problemas. Para ello, habrá una extensión de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). Con este objetivo se obligará a utilizar de manera más amplia la herramienta MINERVA, empleada hasta ahora para detectar posibles conflictos de intereses en el ámbito de los fondos europeos. Con esta legislación, se extiende a todos los procedimientos de gasto del sector público estatal, en los ámbitos de contratación, subvenciones y recursos humanos.
Además, se mejora la interoperabilidad y el uso compartido de la información, mediante la trazabilidad de expedientes, la conexión entre bases de datos y la normalización de la información.
Endurecimiento del Código Penal
Para que estas medidas se apliquen de una manera efectiva, se introducen cambios en determinados tipos penales que incrementen las consecuencias para particulares o empresas que tengan condenas por corrupción.
Una de las grandes reformas es la ampliación de los plazos de prescripción de estos delitos. Pasarán de cinco a siete años, lo que dará más tiempo a las investigaciones de asuntos que suelen tener gran complejidad.
En lo que respecta a las condenas, las prácticas corruptas tendrán penas de inhabilitación máximas de 20 años, dejando atrás los 15 años actuales. Por lo que tendrán que pasar dos décadas para que puedan contratar con la administración, acceder a subvenciones o tener la posibilidad de contar con beneficios fiscales.
Otros ejemplos es la extensión máxima de las multas a personas jurídicas a los 10 años, con una cuota máxima del 50% de los ingresos o 20.000 euros. El tráfico de influencias también será castigado de manera más severa, ya que se tipificará con entre 1 y 4 años de condena y la prohibición de contratar con las administraciones de hasta 10 años.
Por último, se impulsan dos nuevos subtipos agravados de obstrucción a la justicia cuando afecten a delitos de corrupción. El objetivo es garantizar que no haya injerencias en los canales de denuncia y en la actuación de las partes procesales, lo que facilita el desarrollo de las investigaciones sobre estas conductas.
Más peso de la Justicia
El sistema institucional se modernizará en la línea de estas medidas. La base de esta reforma es dotar de más medios, especialización y autonomía para la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, con el fin de reforzar su capacidad para actuar con independencia y agilidad frente a los delitos de corrupción.
Como parte destacada de la legislación, se reforzará el sistema de protección de las personas informantes, garantizando que realicen denuncias en entornos seguros y sin miedo a represalias. Esto será una realidad gracias a que existirá la obligación de que todos los organismos y entidades obligados a tener un sistema interno de información dispongan de un sistema de cumplimiento o de integridad. Se contempla además el derecho a obtener indemnizaciones proporcionales al daño sufrido, incluido el moral. Por último, se atribuirá la categoría de persona protegida a quienes hayan gestionado canales internos o externos, respaldo que se extenderá durante cinco años tras el cese de su labor.
También destaca el aumento de la especialización judicial. Esto se ejecutará a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contemplará la creación de secciones especializadas en materia de corrupción, unos cambios que permitirán al Estado disponer de instrumentos eficaces no solo para prevenir la corrupción, sino también para detectarla y sancionarla con todas las garantías.
Recuperación de lo defraudado o robado
Otra de las bases, junto a la prevención, la detección, la acción de la Justicia o la sensibilización, es la recuperación de los fondos defraudados. Para ello, se da cumplimiento a la Directiva 2025/1260, de 24 de abril, que insta a reforzar el acceso a registros oficiales mientras se garantizan los derechos fundamentales para localizar activos susceptibles de embargo. En esa línea, se buscará consolidar la cooperación internacional reforzada con otros organismos judiciales y policiales europeos.
Esta estrategia se materializa a través de un aumento de las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que será considerada autoridad competente para el tratamiento de datos personales en procesos penales. Función que se utilizará en exclusiva para acordar medidas inmediatas de preservación de bienes.
Dentro de la norma también resalta la incorporación de figuras jurídicas, como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, en la línea de la Directiva europea, y garantizando la tutela judicial. Los bienes embargados y decomisados contarán con mayores garantías frente a su deterioro, habilitándose su venta anticipada para evitar esa situación.
Otra novedad importante es la vinculación de la devolución de lo robado al acceso a beneficios penitenciarios. A través de una modificación en la Ley General Penitenciaria, solo se podrá acceder a esas ventajas tras el cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica derivada de los delitos de corrupción.
Coordinación de la estrategia anticorrupción
Todo el contenido de este anteproyecto es una de las vertientes del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, cuyo fin es combatir la corrupción desde un punto de vista transversal e integral.
Se suman a dicha estrategia otras normas como la Ley de 'Lobbies', actualmente en tramitación parlamentaria, y la Ley de la Administración Abierta, que ya ha pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.
