La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha sido la última en dar el paso tras consultar a su ejecutiva este mismo jueves. Según ha informado, han votado a favor de "suspender" la convocatoria original "a la espera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial".
En un comunicado, la asociación ha reiterado que "la oferta del Ministerio sigue siendo insuficiente" y que deben "avanzar, además, en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura" de sus retribuciones.
La APM ha hablado de "suspender" la convocatoria y no ha precisado fecha alguna en su comunicado. Así, ha optado por una fórmula diferente a la que han empleado las otras cuatro asociaciones convocantes, que se han mostrado a favor de retrasar la huelga hasta el lunes 22 de mayo para seguir negociando con el Ministerio.
Huelga de jueces y fiscales el 22 de mayo
La APM y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han informado este jueves de su decisión respecto a la huelga después de que las otras tres asociaciones convocantes --Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- se mostraran favorables a retrasar la fecha.
Este movimiento tiene lugar después de que la reunión del miércoles terminara sin acuerdo --tras más de seis horas de negociación-- toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio.
Nueva reunión de las asociaciones con el Ministerio de Justicia
Las siete asociaciones se reunirán de nuevo en la Mesa de Retribuciones el próximo martes 16, a las 12.00 horas. Según ha precisado Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en un comunicado este jueves, ese día el Ministerio les entregará un documento con una oferta económica de subida por complemento de adaptación a las leyes de eficiencia.
"Finalmente, el proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones", ha explicado JJpD. Y, al hilo, ha asegurado que en caso de que las asociaciones convocantes de la huelga no accedan a posponerla se abren dos posibilidades: que la Mesa de Retribuciones se dará por finalizada, "lo que supondría que la oferta realizada ya no se mantendrá"; o que continúe la negociación solo con las asociaciones que no secunden la huelga.
Propuesta de Justicia y Función Pública
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.
Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 --como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales--, y hasta 490 euros para el Grupo 2 --fiscales de segunda categoría-- y 450 euros para el Grupo 3 --fiscales de tercera categoría--.
Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron --tras dos meses de huelga-- un acuerdo con el Gobierno para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones y amenazan con una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.
Al margen de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.
