La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Lozano, ha destacado en un comunicado que los despachos de abogados están notando "un aumento de las consultas para iniciar la separación o el divorcio".
Según ha explicado, el confinamiento está provocando una "situación parecida" a las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, que es cuando "las parejas conviven más tiempo" y cuando se "suele producir un repunte importante de las rupturas". Aún así, ha apuntado que "todavía es pronto para determinar su intensidad".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece trimestralmente estadísticas de las demandas de disolución matrimonial. No obstante, fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press han advertido de que habrá que esperar hasta junio para conocer si esas consultas a abogados se han convertido finalmente en procedimientos judiciales durante los primeros días del estado de alarma, que se aprobó el pasado 14 de marzo, pues es cuando se ofrecen los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.
Así, será en septiembre cuando se tengan las cifras de demandas de divorcios o separación presentadas durante el confinamiento, o al menos el tiempo de duración hasta ahora, pues se publicarán los datos correspondientes a abril, mayo y junio.
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) también informó la semana pasada que su Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) había registrado un incremento de consultas relacionadas con el divorcio durante los dos meses de duración del estado de alarma, así como por incumplimientos de custodia, régimen de visitas o relacionadas con el pago de la pensión de alimentos.
COMPENSACIÓN DE TIEMPO CON LOS HIJOS
La Asociación de Abogados de Familia también prevé un "aluvión de procesos para solicitar una compensación de tiempo por parte de los padres y las madres divorciadas que se han visto desprovistos de la compañía de sus hijos durante este tiempo". Lozano cree que esta situación se va a producir sobre todo en aquellas localidades donde las juntas de jueces acordaron suspender la custodia compartida y los regímenes de visitas.
Ha destacado que en las ciudades en las que los regímenes se han mantenido, los padres "han sabido consensuar la forma de repartirse el tiempo con los niños" y ha subrayado que también los abogados de familia han hecho una labor "muy importante" para evitar la "judicialización de los procesos y buscar salidas negociadas".
El Real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado el pasado 28 de febrero, prevé la avalancha de asuntos de derecho de familia una vez se levante el estado de alarma por lo que contempla la creación de un procedimiento especial y sumario para estos asuntos. Así, el restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia será procedimientos prioritarios.
La norma también da carácter de urgencia a la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos cuando cambian sustancialmente las circunstancias económicas.
En este sentido, la presidenta de Aefa asegura que habrá una "avalancha de peticiones para rebajar o extinguir las pensiones alimenticias de los hijos y las compensaciones económicas a la expareja debido a la pérdida de ingresos provocada por la actual crisis sanitaria", ya que los despachos de abogados también están recibiendo muchas consultas al respecto.
CRÍTICAS AL DECRETO ANTI-COLAPSO
Con todo ello, la asociación de abogados de familia no cree que el decreto anti-colapso impulsado por el Ministerio de Justicia "sirva para hacer frente al alud de procedimientos que se avecinan, dada la precariedad del sistema judicial español". "No solventa en absoluto la crisis del sistema ni agiliza los procesos judiciales. No basta con que a un proceso se le ponga la etiqueta de 'urgente' si no disponemos de medios. Tenemos un sistema de cuello de botella", ha explicado Lozano.
Así, ha abogado por alcanzar "acuerdos entre padres y madres divorciados y, de este modo, evitar la vía judicial", por lo que recomienda "pactos de minoración de las pensiones con carácter transitorio, es decir, estableciendo los sistemas adecuados para luego volver a las pensiones que se tenían antes del ERTE o la pérdida de ingresos de la persona obligada al pago".
La presidenta de Aefa recuerda que la Justicia ya estaba atascada antes del coronavirus por la "falta de inversión en medios materiales y humanos" y que todas las decisiones siempre "pasan" por un juez. Por ello, reclama más jueces para no "colapsar" el sistema, pues lamenta que mientras la "media europea está en 21 jueces por cada 100.000 habitantes, España, sin embargo, cuenta con 12".
