¿La ausencia de notificación personal y emplazamiento del acusado determina la nulidad de lo actuado?

En mi opinión, la respuesta a esta cuestión no debe...

En mi opinión, la respuesta a esta cuestión no debe establecerse atendiendo a la estricta y formal observancia de los trámites que en las normas se prevén -pues lo en ellas establecido no son trámites burocráticos cuyo incumplimiento desencadene per se efectos invalidantes de actuaciones procesales-, sino en consideración a la objetiva causación de indefensión cuando la infracción de lo en ellas previsto la determine de manera efectiva lo que, a su vez se habrá de concretar en función del escenario que se contemple.

Que el planteamiento que se somete a consideración establezca los art.775 y 784 LECrim -EDL 1882/1 como pilares normativos que deben atenderse para dar una respuesta, no es casual. El primero, establece la obligación de requerir al encausado la designación de un domicilio en el que poder realizar las notificaciones de manera personal o a través de un tercero designado por él, bajo advertencia de poderse celebrar el juicio en su ausencia en los supuestos del art.786 LECrim. Esta previsión normativa obedece a la innecesaridad de estar representado por procurador hasta la fase intermedia en que su designación se hace imperativa por así imponerlo el art.784 LECrim. Este segundo artículo, efectivamente, establece la obligación de emplazar al encausado a fin de que designe en el plazo de tres días abogado que le defienda y procurador que le represente en el proceso, bajo advertencia de serle designado de oficio dada la naturaleza preceptiva de su intervención para continuar el proceso una vez dictado el Auto de apertura de juicio oral.

En este marco y en el caso concreto que se plantea, una respuesta establecida de modo genérico favorable a una nulidad eventualmente invocada por el letrado compareciente al juicio oral notificado al procurador del encausado, nos parece equivocada. Como nos lo parecería también la respuesta contraria al obviar los matices que, en nuestra opinión, deben determinar el sentido de la solución.

Dos son los escenarios que deben diferenciarse: en primer lugar, aquél en que el investigado no designa procurador ni letrado durante la fase sumarial, permaneciendo en una total inacción. En este caso, si el trámite del 775 LECrim -EDL 1882/1 no se produce, -determinando con ello la imposibilidad de comunicar personalmente al investigado las citaciones o emplazamientos a que hubiere lugar-, y posteriormente se omite el emplazamiento del art. 784 LECrim, es obvio que se priva al investigado de su derecho a designar a profesionales de su elección provocando la asignación de un procurador de oficio. En segundo lugar, aquel en que el encausado dispone de representación procesal desde una fase inicial del proceso -cosa frecuente por otra parte y en todo caso con anterioridad al Auto de apertura de juicio oral, por así haberla designado de manera voluntaria pese a no ser preceptiva en el momento en que lo hizo. En tal caso, la omisión de los trámites previstos en los art.775 y 784 LECrim. presenta consecuencias a nuestro juicio diferentes desde la perspectiva de la indefensión.

El art.180 LECrim. -EDL 1882/1 apunta ya de manera clara el prisma desde el que debe responderse la cuestión suscitada. Dispone en su párrafo primero la nulidad de aquellas notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la Ley. Si bien, en su párrafo segundo establece el efecto sanador de tales nulidades, cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio sin perjuicio de la corrección disciplinaria que merezca el auxiliar o subalterno con arreglo a lo dispuesto en la ley procesal.

Es decir, sólo las irregularidades procesales determinantes de una indefensión efectiva, implicarán una nulidad insubsanable, constituyendo aquéllas que no generen la lesión del derecho de defensa, meras anomalías procedimentales generadoras de correcciones disciplinarias.

A partir de lo anterior, sólo el primero de los escenarios antes mencionados daría lugar a una indefensión real. Cierto es que en los dos se omiten los trámites previstos en los art.775 y 784 LECrim -EDL 1882/1-, pero mientras en el segundo la notificación del Auto de apertura de juicio oral se realizaría en la persona del procurador voluntariamente designado por el encausado y encargado de su representación procesal con anterioridad al trámite del art.784 LECrim, en el primero la inobservancia de los trámites legales conduciría a la privación al investigado de su derecho a designar los profesionales encargados de su representación y defensa. En ese segundo escenario, no sólo se sustrae al investigado su derecho a ser notificado en un domicilio de su elección -ex art.775 -lo que en el primer caso resultaría intrascendente al ser notificado a través de un procurador previa, libre y voluntariamente designado por él también se le privaría del derecho de elegir los profesionales encargados de su defensa. Y es justamente este dato, no concurrente en el primero de los dos escenarios diferenciados, el que marca la linde divisoria entre un supuesto donde la infracción de las normas resulta irrelevante desde la perspectiva de las nulidades de tales actos, de aquél otro en que éstas resultan con claridad ante la indefensión que representa la privación objetiva de los derechos constitucionales del encausado.

La cuestión que se plantea debe partir de la afirmaci&oac...

La cuestión que se plantea debe partir de la afirmación de que la notificación al acusado del auto de apertura del juicio oral no es acto meramente formal, sino que supone la comunicación al mismo de la concreta imputación que se ha realizado frente a él, con la determinación de la calificación jurídica, el máximo de la pena imponible y todos los elementos que confluirán en la celebración de la vista oral. Ahora bien, lo que se plantea es si esta notificación puede realizarse válidamente en la persona del letrado o procurador del acusado. Si nos atenemos a la doctrina del Tribunal Constitucional SSTC, Sala 2ª, de 6.04.1987 -BOE nº 107 de 5.05.1987 -EDJ 1987/41 y 196/1989, Sala 2ª, de 27.11.1989 -EDJ 1989/10620-, deben agotarse todas las posibilidades de poner en conocimiento del inculpado las circunstancias que en el proceso le afecten, inclinándose por la necesidad de la notificación personal en todo tipo de procesos, pero singularmente en el penal. Es necesario que todo proceso esté presidido por el principio de contradicción para que se entienda que el derecho a la defensa ha sido respetado, y por ello debe verificarse el emplazamiento personal de quienes hayan de comparecer en juicio como partes, a fin de que puedan defender sus derechos. Y si ello es exigible en otros órdenes jurisdiccionales, con superior razón mayor motivo ha de serlo en el penal, si tenemos presente los bienes jurídicos que pueden resultar afectados, que exigen rigor absoluto de la aplicación de las normas procesales que requieren la plena constancia de que el acusado ha sido citado con arreglo a las formalidades prescritas en la Ley, como requisito indispensable para que el juicio pueda celebrarse sin su asistencia.

La STC 149/1987, Sala 1ª, de 30.09.1987 -EDJ 1987/149 establece claramente: &ldquoLa notificación que no sea en la persona del acusado no asegura la constancia en la recepción de la información de en qué y por qué es acusado, y por ello deviene un incumplimiento del constitucional derecho recogido en el segundo párrafo del art.24 CE -EDL 1978/3879 como derecho tan fundamental y preeminente que, comparado con otros como el de un Juez imparcial o a la segunda instancia en el ámbito penal, por ejemplo, ni siquiera es un derecho derivado, sino originario y prioritario&rdquo.

En el marco del denominado "procedimiento abreviado", el legislador recuerda la necesidad de que el acusado esté presente en el juicio estableciendo en el art.786.1 primer inciso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1 que "La celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor". Es en el segundo inciso del art.786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se reconoce la posibilidad de celebración del juicio oral en ausencia del acusado. Pero, para que la ausencia del acusado único o de un acusado cuya implicación en el proceso es compartida con otros comparecientes permita la decisión de celebración del juicio oral sin su asistencia física, resulta necesario que concurran un conjunto de exigencias o presupuestos. Tales exigencias, extraídas del tenor literal de los art.775 y 786.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, entre las que destaco: Que el acusado haya sido citado personalmente o en el domicilio o en la persona a que se refiere el art.775.I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que el órgano judicial compruebe que en el requerimiento realizado se haya advertido al destinatario sobre la posibilidad de celebrar la vista en su ausencia si se cumplen el resto de requisitos.

Pero si el acusado no ha designado ningún domicilio ni ha aportado ningún otro dato que permita su citación, el juzgado debe utilizar todos los medios a su alcance para intentar averiguar el nuevo domicilio antes de celebrar la vista oral en su ausencia, emitiendo la oportuna requisitoria seguida, si no comparece en el término del plazo señalado en la misma, de la declaración de rebeldía. Solución ésta que entronca con la doctrina garantista emanada de la STEDH 12 febrero 1985 -asunto Colozza -EDJ 1985/6976 y la STC número 196/1989, de 27 noviembre -EDJ 1989/10620-.

Por lo que concluyo que la ausencia de notificación y emplazamiento personal del acusado, determinará la nulidad de lo actuado.

A la cuestión de si la ausencia de notificación y e...

A la cuestión de si la ausencia de notificación y emplazamiento personal del acusado, determina la nulidad de lo actuado, cabe hacer las siguientes consideraciones:

a La regla general que establece el art.182 LECrim. -EDL 1882/1-, de que las notificaciones pueden hacerse a los procuradores de las partes, contemplados excepciones: cuando deba hacerse personalmente, porque así lo establezca una disposición legal o cuando tengan por objeto la comparecencia obligatoria de éstas.

En principio el art.779.1.4ª LECrim. -EDL 1882/1-, no altera el régimen general de notificación, a través del procurador, respecto del auto de procedimiento abreviado, ni el art.783 LECrim. hace lo propio en referencia al auto de apertura del juicio oral.

Lo anterior no quita para que, efectivamente, la doctrina -no toda y el Tribunal Supremo, consideren la necesidad, de notificar personalmente al investigado el auto de apertura del juicio oral, por la trascendencia que tiene dicha resolución, a los efectos de que pueda conocer los términos de la acusación que se dirige contra él y el derecho de defensa.

La conveniencia se convierte en necesidad, si tenemos en cuenta que, conforme al art.783.3 LECrim. -EDL 1882/1-, el auto de apertura del juicio oral no es recurrible, salvo en la parte relativa a la situación personal del acusado, quien puede interponer recurso al respecto e incluso reproducir su petición, si fue desestimada, ante el órgano de enjuiciamiento.

b El Tribunal Supremo ha manifestado que el auto de transformación de procedimiento abreviado, debe notificarse al investigado -SSTS 715/2002, de 19 abril -EDJ 2002/13154 y 4737/2016-, siendo su ausencia un defecto procesal, que determinará su nulidad -lo que cabría extrapolar al auto de apertura del juicio oral, cuando se afecte el derecho de defensa del investigado, lo que se producirá si no ha tenido ocasión de designar o rehusar hacerlo, un abogado de su elección. El Alto Tribunal enfoca la nulidad no tanto desde el posible desconocimiento de los hechos y delitos que se le imputan al investigado, sino desde el derecho fundamental a la defensa.

Lo anterior, tiene relación y transcendencia de nulidad, si dicho derecho de defensa se ha intentado suplir mediante la designación por el Juzgado de un abogado y procurador de oficio. Especialmente lo primero, ya que dicha designación -a salvo que sea consecuencia de la rebeldía del investigado, o de rehusar designar uno de su elección-no salva el derecho a la libre elección de abogado, que mejor pueda defender sus intereses.

c Fuera del anterior supuesto, para el Tribunal Supremo, aun cuando señale la necesidad de notificar el auto, su ausencia no determina necesariamente -valga la redundancia- una consecuencia procesal causante de indefensión, pues como tiene establecido la doctrina del Tribunal Constitucional, dicha indefensión ha de ser de naturaleza material, es decir, &ldquoque esa infracción procesal haya provocado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa -STC 149/98 -EDJ 1998/8781- con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses afectados -SSTC 155/88 -EDJ 1988/471 y 112/89 -EDJ 1989/6248--&rdquo.

c En el caso presente, debemos suponer que la pena solicitada al acusado se encuentra dentro de los límites que previene el art.784.4 LECrim. -EDL 1882/1-, ya que, si no, no podría celebrarse, en ningún caso el juicio, debiendo expedirse la correspondiente requisitoria y declaración de rebeldía.

d Atendido lo anterior, aun cuando se considerase que estamos ante un defecto procesal, no concurriría causa de nulidad, al haber decidido el Juez la celebración del juicio, ya que la petición de la defensa es extemporánea.

Dicha petición y la eventual nulidad que pudiera conllevar, debió instarse en el primer momento en que se tuvo conocimiento de ella, y con ocasión de la primera oportunidad procesal en que quepa alegarlo, tal es el caso del traslado previsto en el art.784 LECrim. -EDL 1882/1 al procurador que ya tenía designado en el procedimiento.

Por otro lado, debe definirse y concretarse la indefensión que se le ha causado. Volvemos a insistir en que: &ldquoLa nulidad no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella.&rdquo

e Dado que sí estaba debidamente citado para el juicio -lo contrario sí determinaría la nulidad-, la falta de notificación del auto de apertura del juicio oral, en mi opinión, no determinaría la nulidad de lo actuado.

Y cito una resolución que establece un buen esquema del estado de la cuestión, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona -Secc 9ª nº 105/2019, de 25 de febrero -EDJ 2019/548020-.