Las empresas deberán proveer información referente al medio ambiente, los derechos humanos, la gobernanza, y la forma en que sus actividades están relacionadas con aquellas consideradas como medioambientalmente sostenibles.
Esta información incluirá el modelo de negocio, objetivos, órganos de administración, políticas, procedimientos de diligencia debida, cadena de valor, principales riesgos e indicadores, alineándose con los principios previstos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera.
Toda empresa cotizada y entidad financiera deberá cumplir con esta nueva normativa, excepto aquellas microempresas que tengan activos por debajo de 350.000 euros, una cifra de negocios menor a 700.000 euros o menos de 10 trabajadores. La implementación de la norma será gradual con un periodo de adaptación escalonado.
