Esta norma está vinculada al componente 22, denominado "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión" incluye la línea de inversión C22.I3: Plan España País Accesible, que consiste en mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral.
La pandemia de la COVID-19 ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad para salir a un centro de día, a dar un paseo o a ir a un hospital. Asimismo, mirando en clave interna, muchas de estas viviendas carecen de una ducha adaptada, que compromete cuestiones básicas como la higiene personal de sus propietarios o inquilinas. Todo estos son factores que les obligan a vivir en una situación de precariedad, inseguridad e insalubridad; obligándolas, en muchos casos a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado, por una situación ajena a ellas mismas y que puede ser evitable.
En este sentido, la accesibilidad universal se erige como un elemento que entraña una enorme profundidad democrática ya que permite a las personas con discapacidad vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Este Real Decreto, conecta igualmente con la consecución de la reforma que pretende impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la Persona.
El objetivo es regular la concesión directa de las aportaciones destinadas a la financiación para 2021 del desarrollo de actuaciones del componente C22.R1 "Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración" y de las inversiones del componente C22.I3 "España País Accesible" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los proyectos serán desarrollados por las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán las siguientes actuaciones:
- Al menos un 50% del presupuesto se destinará a actuaciones de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarias y propietarios, así como en los parques de viviendas de titularidad pública, incluidas los proyectos de obra, que aseguren el acceso, uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, especialmente a las mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
- El presupuesto restante se destinará a actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, referidas especialmente a poblaciones rurales en las que residan personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, mediante ayudas a particulares incluidos los proyectos de obra que aseguren el uso y disfrute de su vivienda.
La dotación financiera de estas subvenciones asciende a un total de 50 millones de euros.
