El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, por orden del Tribunal Constitucional (TC), todas y cada una de las renuncias presentadas por los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y de las sindicaturas de demarcación en sus propios términos, es decir, "dejando previamente sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados". De ser rehabilitados por el Gobierno de Puigdemont se les impodrá la multa completa de 12.000 o 6.000 euros diarios de la que se les advirtió el pasado jueves.
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías que explican que la publicación en el BOE significa que las sindicaturas se encuentran desde hoy oficialmente disueltas, ya que aunque las renuncias fueron presentadas el pasado viernes es ahora cuando dichos efectos se producen "de forma definitiva".
La disolución no se produce por tanto por una decisión del Gobierno de Cataluña, sino por orden del TC -que dictó este lunes una providencia a tal efecto-, por lo que el Ejecutivo de Puigdemont no puede rehabilitarlas ni siquiera temporalmente. Si lo hiciese y los vocales lo aceptasen, aunque fuese por un sólo día, tendrían que pagar la multa completa, según las mismas fuentes.
Además de a éstos síndicos, el TC fijó igualmente multa diaria para el secretario general de Vicepresidencia y Economía del Gobierno de Cataluña, Josep Maria Jové --detenido en la operación policial contra la organización del referéndum del 1 de octubre-- si bien éste fue cesado el viernes por el Gobierno de Puigdemont.
Para la responsable del área de Procesos Electorales Monserrat Vidal Roca, se fijaron multas también de carácter coercitivo de 6.000 euros diarios a aplicar en el caso de persistir en su desobediencia al tribunal.
A todos ellos se les pidió en concreto que justificaran ante el TC que habían "revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto", lo que finalmente sí han realizado.
Estas resoluciones -desobedientes con la suspensión del referéndum- habrían consistido no solo en la designación de los miembros de las sindicaturas de demarcación, sino también en la adopción de resoluciones referidas al tamaño de las papeletas, los plazos para la presentación de organizaciones interesadas en el referéndum o para la validación del llamado "manual de instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las mesas electorales".
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