Se trata del último paso dentro del procedimiento de infracción abierto en 2015. Dos años después, en 2017, Bruselas dio a España un ultimátum para que cambiara las reglas sobre activos en otros miembros de la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE), el denominado 'Modelo 720'.
El Ejecutivo comunitario critica en concreto que la legislación española aplique sanciones a aquellos contribuyentes que no notifican activos como propiedades, cuentas bancarias y otros activos financieros en el extranjero que son superiores a las sanciones por infracciones similares en una situación nacional si no se presentan "a tiempo y en su totalidad". Pueden, incluso, superar el valor de dichos activos no declarados, informa la Comisión.
"La Comisión considera que estas sanciones por incumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único", argumenta el Ejecutivo comunitario.
Bruselas ha señalado además que estas sanciones españolas "entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE", como la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.
España no ha accedido a modificar dichas sanciones a pesar de que el expediente fue abierto e noviembre de 2015 y la Comisión Europea dio un ultimátum a las autoridades españolas dos años después. En consecuencia, Bruselas ha denunciado al Estado español ante la Justicia europea.
