"La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE", ha detallado Reynders durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España.
No obstante, respecto a la derogación de la sedición, el político comunitario ha advertido de que España es "libre" de introducir cualquier cambio al respecto, porque se trata de una "competencia exclusiva" de los Estados miembros, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales.
Reynders además se ha referido al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional para considerar que los cuatro nuevos nombramientos son "importantes" en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un "elemento esencial del Estado de derecho".
El comisario ha dicho que el ejecutivo comunitario está al tanto de que el Constitucional suspendió la votación en el Senado de la propuesta para modificar el sistema de designación de los miembros del Tribunal y ha añadido que, en todo caso, Bruselas seguirá atenta a toda evolución en materia de Estado de derecho para incluir su análisis en el informe anual que publicará a mitad de año.
Renovación del Poder Judicial
El responsable europeo de Justicia ha aprovechado su intervención para insistir en la urgencia con la que el ejecutivo comunitario observa el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para el que pide que se proceda a su renovación "con carácter de urgencia" e, "inmediatamente después", se inicie el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos.
"Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación", ha remachado Reynders en referencia a las conclusiones recogidas en la última edición del informe sobre el Estado de derecho en España publicado en julio del pasado año.
En este contexto ha lamentado que el Gobierno y la oposición aparcaran las negociaciones para resolver esta crisis el pasado otoño y ha subrayado que los estándares europeos abogan por que la elección de los vocales recaiga en sus pares, por lo que "ni el Parlamento ni el Ejecutivo deben estar implicados en ninguna fase" del proceso de selección.
El informe apuntó entonces otras cuestiones de preocupación para la Comisión que Reynders ha repasado de nuevo en esta ocasión, como por ejemplo el que los mandatos del fiscal general y del Gobierno coincidan en sus plazos y la recomendación de Bruselas de que el estatuto del fiscal sea "reforzado" para evitar esa coincidencia.
El comisario ha apuntado asimismo el lastre en la lucha contra la corrupción que supone que las investigaciones y procesos contra la corrupción "de alto nivel" siguen siendo "complejas y largas".
También recogió mejoras en el sistema judicial español aunque lamentaba que los plazos de los procesos siguen siendo un problema que requiere mejoras en la eficiencia organizativa, procesal y digital del sistema.
