Las nuevas reglas pretenden asegurar que los trabajadores tendrán información clara y previsible sobre las tareas que le serán encomendadas por su contrato, el tiempo de trabajo y otros elementos clave en la contratación, como el lugar de trabajo o la remuneración.
La directiva está dirigida a dar mayor cobertura a entre dos y tres millones de trabajadores con empleos precarios en la UE y los países deberían haberla trasladado a su normativa nacional a más tardar el pasado 1 de agosto.
El Ejecutivo comunitario ha iniciado formalmente los procedimientos de infracción contra España y otros 18 Estados miembro mediante el envío de cartas de emplazamiento a las autoridades nacionales dándoles un plazo de dos meses para resolver la situación.
La carta de emplazamiento es la primera de tres fases del procedimiento que, en última instancia, permite al Ejecutivo comunitario denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE si persiste en su incumplimiento.
