En Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Valencia, Baleares y Canarias, el gravamen del impuesto es menor que en el resto de regiones, siendo Aragón la que soporta una mayor carga fiscal.
En el estudio, desarrollado a partir de información recopilada por dieciséis despachos socios de Hispajuris de toda España y liderado por el abogado José Luis Artero del bufete de Zaragoza, se determina que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones perjudica especialmente a las clases medias, en la medida en que también penaliza el ahorro. Las tres únicas Comunidades Autónomas en que persiste un fuerte gravamen por el Impuesto de Sucesiones son las que presentan una renta per cápita más bajas (Aragón, Extremadura y Andalucía), lo que redunda en que, en proporción al número de habitantes, no exista un porcentaje significativo de patrimonios elevados.
Por otro lado, el Estudio de Hispajuris determina que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones puede condicionar la natural libertad de testar, debido al régimen de aplicación de las reducciones fiscales. Además, en ocasiones el ISD vulnera los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica y no confiscatoriedad proclamados en el artículo 31 de la Constitución Española y en la Ley General Tributaria.
El Estudio de Hispajuris también incluye tres ejemplos prácticos de cómo tributa una misma herencia en las distintas comunidades autónomas. Uno de los casos lo constituye una herencia de 300.000 euros dirigida a un heredero con un patrimonio preexistente de más de 402.678,11 euros. Este heredero, en Cataluña no pagará nada, en Madrid 77,51 euros y en Aragón 19.658,02 euros.
